La aprobación de una nueva ley de licenciamiento ambiental en Brasil generó preocupación entre organizaciones ambientalistas, científicos y comunidades indígenas, que advierten sobre posibles consecuencias para los sistemas de protección de la Amazonia y para la conservación de uno de los principales ecosistemas vinculados con la estabilidad climática global.
La Amazonia cumple un papel fundamental en la regulación del clima y requiere mecanismos de protección frente a actividades capaces de provocar deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad. Sin embargo, la nueva normativa incorpora modificaciones que, según sus críticos, podrían facilitar la aprobación de proyectos de infraestructura, minería y otras actividades productivas sin evaluaciones ambientales exhaustivas.
Menos controles para determinados proyectos
Uno de los principales puntos de cuestionamiento es la simplificación de los procesos de evaluación ambiental. La normativa contempla mecanismos que permitirían agilizar la obtención de permisos para determinados proyectos y, en algunos casos, evitar estudios de impacto ambiental cuando las iniciativas sean consideradas de bajo riesgo.
Además, la ley incorpora la Licencia por Adhesión y Compromiso de Proyectos de Infraestructura, un mecanismo que simplifica el proceso de aprobación de proyectos considerados de impacto ambiental medio.
Otro aspecto señalado por las organizaciones ambientalistas es la posibilidad de que los estados y municipios establezcan sus propios criterios de licenciamiento. Según los cuestionamientos, esta medida podría generar una competencia entre jurisdicciones para flexibilizar las exigencias con el objetivo de atraer inversiones.
Reclamos de organizaciones ambientalistas
Organizaciones ambientalistas anunciaron acciones legales contra el Parlamento brasileño luego de que se eliminaran la mayoría de los vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la normativa.
El Observatorio de Clima, que reúne a 161 entidades civiles, cuestionó la constitucionalidad de la ley y advirtió que sus disposiciones podrían generar riesgos para la salud pública y la seguridad, además de favorecer procesos de degradación ambiental que dificulten el cumplimiento de los objetivos climáticos de Brasil.
Greenpeace Brasil también calificó la decisión como un retroceso y advirtió que la flexibilización podría favorecer la expansión de actividades como la minería y la agroindustria en la Amazonia. Entre los posibles efectos señalados se encuentran un mayor riesgo de sequías, incendios y contaminación del agua, además del desplazamiento de comunidades indígenas.
Por su parte, el director de Human Rights Watch en Brasil, César Muñoz, cuestionó la decisión del Congreso y sostuvo que el país debería tener en cuenta las consecuencias de desastres ambientales ocurridos anteriormente, como los de Mariana y Brumadinho.
El argumento de quienes respaldan la medida
Los defensores de la nueva legislación sostienen que su objetivo es agilizar las inversiones y reducir la burocracia vinculada con los procesos de licenciamiento ambiental. Desde esta perspectiva, la modificación de los procedimientos permitiría impulsar el desarrollo económico en regiones con bajos niveles de crecimiento.
Sin embargo, sus detractores consideran que la flexibilización de los controles puede incrementar la presión sobre los ecosistemas amazónicos y debilitar las herramientas destinadas a prevenir impactos ambientales.
Preocupación por la Amazonia
La aprobación de la normativa se produce en un contexto en el que Brasil asumió compromisos vinculados con la reducción de la deforestación y del uso de combustibles fósiles.
Para las organizaciones que cuestionan la ley, una menor exigencia en los procesos de evaluación ambiental podría dificultar el cumplimiento de esos objetivos y aumentar las presiones productivas sobre la Amazonia. El principal desafío, sostienen, será evitar que la agilización de los procedimientos implique un debilitamiento de las medidas destinadas a proteger el ecosistema y su biodiversidad.
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