La salida de Fernando Brom profundiza la incertidumbre sobre el rumbo de la política ambiental del país, en un contexto de severos recortes presupuestarios y metas internacionales clave en suspenso.
Argentina formalizó su adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puertos (AMERP), una herramienta internacional orientada a prevenir y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La medida fue destacada por la organización Fundación Vida Silvestre Argentina, que consideró que permitirá fortalecer los controles en los puertos nacionales y mejorar la cooperación con otros países para proteger los recursos pesqueros.
En un contexto de crecientes desafíos climáticos, el gobierno argentino planea un recorte drástico en el gasto para proteger sus ecosistemas. Expertos advierten que la medida debilita la capacidad del país para enfrentar sequías, incendios y la pérdida de biodiversidad.
Una nueva resolución judicial reactivó el debate ambiental y sanitario en Entre Ríos tras la decisión de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná de hacer lugar a dos amparos ambientales vinculados a fumigaciones con agroquímicos cerca de viviendas y barrios rurales.
En un acuerdo sin precedentes firmado en Panamá, los países de la región se comprometen a erradicar la tala ilegal. Mientras los datos de la Amazonía traen optimismo, el plan busca también proteger ríos, reducir emisiones y combatir la contaminación por plásticos.
La nueva normativa limita la protección de las 'esponjas de hielo' de la Cordillera de los Andes, abriendo la puerta a actividades extractivas. Expertos advierten sobre el riesgo para la seguridad hídrica del país en un contexto de cambio climático.
En el marco de los proyectos de ley de Recolección Diferenciada Provincial y del Consorcio Regional de Reciclaje de Misiones (CReMi), representantes del consorcio mantuvieron encuentros de trabajo para analizar la implementación de una prueba piloto en los municipios de Concepción de la Sierra y Apóstoles. La iniciativa busca fortalecer la gestión colaborativa entre comunas y avanzar en la valorización de los residuos urbanos.
Con media sanción en el Senado, el proyecto para flexibilizar la protección de los glaciares argentinos podría violar cláusulas ambientales clave del tratado con la Unión Europea, poniendo en una encrucijada al desarrollo minero y la diplomacia ambiental.
En una tensa sesión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la iniciativa del Gobierno Nacional no logró el consenso necesario. Buenos Aires lideró la oposición, argumentando que la propuesta viola tratados internacionales y pone en riesgo las reservas de agua dulce del país.
La derogación del 'Endangerment Finding' de la EPA desmantela una década y media de política climática, abriendo la puerta a una batalla judicial sin precedentes y a mayores riesgos para la salud pública y el medio ambiente.