Un nuevo bloque de provincias, estados y ciudades de la región, el Frente Ambiental Latinoamericano, busca incidir en la agenda de la COP31 con una propuesta clara: más financiamiento directo y poder de decisión para quienes enfrentan la crisis en primera línea.
En un contexto de récords de temperatura y eventos extremos, la cumbre de la ONU en Turquía se centrará en la implementación de acuerdos, el financiamiento para los más vulnerables y el espinoso debate sobre el fin de los combustibles fósiles.
A medida que se acerca la Cumbre Climática en Turquía, la región enfrenta la presión de implementar sus compromisos en materia de bosques, financiamiento y derechos comunitarios, en un escenario geopolítico cada vez más complejo.
Durante su visita al país, el Pontífice instó a integrar la justicia social con la protección ambiental, un mensaje que resuena con fuerza en los debates sobre minería, agronegocios y desarrollo sostenible.
Un análisis de la Fundación Vida Silvestre revela que la partida propuesta equivale a menos de 40 pesos mensuales por hectárea, una cifra que pone en riesgo la protección de 53 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina.
Desde Antalya, la presidencia turca de la cumbre climática celebra la rápida aprobación de la agenda de trabajo, un paso clave para buscar acuerdos concretos y ambiciosos contra el calentamiento global.
Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, organizaciones como Greenpeace ven una oportunidad histórica para revertir las políticas del gobierno saliente y alcanzar la meta de 'deforestación cero'. El futuro del mayor pulmón verde del planeta está en juego.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 de Chile contempla la eliminación de los recursos identificados específicamente para implementar el Acuerdo de Escazú y una reducción de las asignaciones destinadas a distintos programas ambientales y climáticos. La propuesta abrió un debate sobre el financiamiento de los compromisos internacionales del país y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El gobierno argentino presentó una serie de medidas cautelares urgentes para frenar el proyecto 'Sea Lion', argumentando la necesidad de proteger el frágil ecosistema marino del Atlántico Sur y sus derechos soberanos.
Un análisis de FARN revela que el proyecto de ley contempla una caída del 84,3% en fondos reales para la Subsecretaría de Ambiente respecto a 2023, comprometiendo la protección de ecosistemas clave y la capacidad de respuesta del Estado.