La financiación para adaptarse al cambio climático, la transformación de las matrices energéticas y la conservación de los bosques amazónicos serán algunos de los principales temas que marcarán la agenda de Latinoamérica en la COP31, que se realizará en Antalya, Turquía. La región llega a la próxima cumbre con avances en materia ambiental, aunque todavía enfrenta una fuerte dependencia económica de los combustibles fósiles.
La reunión estará atravesada por los compromisos asumidos en la COP30, celebrada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil. Allí se acordó movilizar 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo hasta 2035, como parte de una meta más amplia de 1,3 billones de dólares. Además, Brasil impulsó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), una iniciativa que busca captar 125.000 millones de dólares para conservar las selvas tropicales.
Financiamiento para enfrentar el cambio climático
Uno de los principales desafíos de Latinoamérica será ampliar el acceso a recursos destinados a la adaptación climática. Centroamérica y el Caribe se encuentran entre las zonas más expuestas a sequías, inundaciones y huracanes, por lo que necesitan inversiones para fortalecer sus infraestructuras y reducir la vulnerabilidad de sus comunidades.
En Guatemala, el fondo nacional de cambio climático recibió este año dos millones de dólares. El país también mantiene incentivos forestales que, según el Gobierno, permitieron recuperar más de 20.000 hectáreas de bosques.
Honduras, por su parte, reclama mayores recursos para enfrentar los impactos ambientales. La prolongada sequía registrada este año por el fenómeno de El Niño llevó a declarar la alerta roja en gran parte de sus municipios.
República Dominicana avanza con una plataforma nacional de financiación climática y dispone de préstamos internacionales por más de 600 millones de dólares para proyectos de acción climática, saneamiento y resiliencia de infraestructuras. A esto se suman inversiones superiores a los 250 millones de dólares destinadas a la restauración de ecosistemas.
Perú también buscará ampliar la cooperación internacional y el acceso a fondos para responder a fenómenos como El Niño, las lluvias intensas y las sequías. Entre sus avances figura la primera transferencia latinoamericana de resultados de mitigación a Suiza, en el marco del Acuerdo de París.
La transición energética y la dependencia de los combustibles fósiles
La transformación de las matrices energéticas constituye otro de los puntos centrales de la agenda regional. Aunque varios países avanzan en el desarrollo de fuentes renovables, sus economías todavía dependen en distinta medida de la producción y explotación de petróleo y gas.
Brasil presenta una matriz energética en la que el 88,2 % procede de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares. Sin embargo, mantiene la expansión de su producción petrolera y, al mismo tiempo, busca cuadruplicar la producción de biocombustibles hasta 2035.
En México, el Gobierno se propone aumentar la participación de las energías limpias en la generación eléctrica del 23,4 % registrado en 2024 al 38 % en 2030. No obstante, también impulsa el fortalecimiento de Pemex, la ampliación de la capacidad de refinación y el mantenimiento del gas natural como fuente estratégica.
Argentina, en tanto, combina el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales, con el crecimiento de las energías renovables, que representan alrededor de una cuarta parte de su generación eléctrica. A estos sectores se suman los proyectos vinculados con la producción de litio y cobre.
Guyana también enfrenta el desafío de compatibilizar su crecimiento petrolero con los objetivos de transición energética. El país, convertido en un importante productor de hidrocarburos, pretende que el 80 % de su red eléctrica provenga de fuentes renovables para 2040, mientras desarrolla un proyecto para incorporar gas natural a la generación eléctrica.
En Venezuela, la dependencia de la renta petrolera continúa condicionando la diversificación económica y el desarrollo de políticas ambientales. Según advierte el ecólogo Carlos Peláez, el país mantiene una matriz vinculada a los combustibles fósiles y enfrenta dificultades para avanzar en esos procesos.
Ecuador, por su parte, se comprometió a mantener una participación renovable superior al 80 % en su matriz eléctrica, dominada por la hidroelectricidad. Sin embargo, los apagones provocados por las sequías durante 2024 evidenciaron la necesidad de diversificar las fuentes de generación. Bolivia también busca compatibilizar el desarrollo económico con la conservación de sus recursos naturales.
Chile y Uruguay se destacan por sus avances en energías limpias. El primero cuenta con cerca del 65 % de su matriz eléctrica proveniente de fuentes limpias y llevará a la COP31 una agenda orientada a avanzar desde los compromisos hacia su implementación.
Así lo señaló a EFE Hernán López, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, quien sostuvo que el país buscará impulsar una agenda centrada en concretar las acciones climáticas.
Uruguay, en tanto, alcanzó en 2025 el 98 % de generación eléctrica renovable. Su próximo desafío será extender la descarbonización al transporte, la industria y otros sectores productivos.
La conservación de la Amazonía, otro eje de la agenda regional
La protección de los bosques tropicales, especialmente de la Amazonía, será otro de los temas prioritarios para Latinoamérica en la próxima cumbre climática.
Durante la COP30, Brasil impulsó una hoja de ruta para detener y revertir la deforestación. Sin embargo, su implementación dependerá de la disponibilidad de financiación y de las medidas que adopten los países involucrados.
Brasil, que alberga la mayor extensión de la Amazonía, tendrá un papel central en este proceso, junto con Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana.
En Bolivia, el Gobierno anunció una estrategia para convertir la Amazonía en un motor de desarrollo basado en la bioeconomía y el manejo sostenible de los bosques. En Perú, en cambio, las organizaciones indígenas y ambientales advierten sobre los riesgos de flexibilizar las normas que protegen las tierras forestales.
Ecuador enfrenta otro escenario complejo. En los últimos 41 años perdió 1,5 millones de hectáreas de cobertura forestal amazónica, en un contexto de expansión de las actividades humanas.
Venezuela también registra un avance de la deforestación asociado a la expansión agrícola, la minería ilegal y los incendios. Guyana, por su parte, busca proteger el 30 % de sus ecosistemas terrestres y marinos para 2030 y destaca el papel de sus más de 18 millones de hectáreas de bosques como reservorio de carbono.
De esta manera, la COP31 encontrará a Latinoamérica frente a tres desafíos estrechamente vinculados con su desarrollo económico y ambiental. La disponibilidad de financiación, la transformación de los sistemas energéticos y la protección de los bosques serán determinantes para avanzar en los compromisos climáticos asumidos por la región.
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