El crecimiento de la demanda mundial de litio, impulsado principalmente por la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, intensificó la explotación minera en Argentina, Chile y Bolivia. Sin embargo, detrás del avance de la transición energética persisten cuestionamientos por el consumo de agua, las posibles alteraciones de los ecosistemas y los derechos de las comunidades indígenas que habitan los territorios donde se desarrolla la actividad.
En los salares andinos, la extracción del mineral plantea desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos hídricos y la conservación de ambientes de alta sensibilidad ecológica. A su vez, distintas comunidades reclaman mayor participación en las decisiones sobre los proyectos y estudios ambientales que contemplen los impactos acumulativos de la actividad.
El agua, uno de los principales puntos de conflicto
En Salinas Grandes, en Argentina, las comunidades locales dependen de los recursos hídricos del salar para el consumo, la agricultura y la cría de animales. Por ese motivo, desde el inicio de las primeras exploraciones mineras en 2010, distintos habitantes se organizaron para reclamar evaluaciones ambientales que consideren los efectos conjuntos de todos los proyectos sobre la cuenca.
El conflicto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde permanece pendiente un planteo vinculado con los permisos de explotación y la necesidad de evaluar de manera integral el impacto sobre el agua disponible.
En Chile, particularmente en el Salar de Atacama, el método tradicional de extracción comienza con el bombeo de salmuera desde el subsuelo. Luego, el líquido se traslada a grandes piscinas de evaporación, donde la acción del sol permite concentrar el litio durante aproximadamente 14 meses.
Posteriormente, la salmuera atraviesa distintos procesos químicos hasta obtener carbonato de litio, un compuesto utilizado en la fabricación de baterías. La empresa Novandino Litio, integrada por Codelco y SQM, proyecta exportar 260.000 toneladas de este producto durante 2026.
No obstante, el consumo de agua dulce constituye uno de los principales cuestionamientos ambientales. La compañía prevé reducir progresivamente la extracción actual de 110 litros por segundo y avanzar hacia tecnologías de extracción directa de litio, aunque todavía existen interrogantes sobre sus requerimientos hídricos y sus posibles efectos ambientales.
Los riesgos para los acuíferos y los ecosistemas
La explotación minera en los salares puede modificar el equilibrio entre las reservas de agua dulce y las salmueras subterráneas. Una extracción intensiva sin controles adecuados podría alterar los acuíferos, reducir la disponibilidad de agua y afectar humedales que albergan especies adaptadas a condiciones ambientales extremas.
Además, la construcción de infraestructura minera transforma el paisaje, ocupa territorios y puede generar consecuencias sobre la vegetación, la fauna y las actividades tradicionales de las comunidades.
Un caso señalado por organizaciones ambientales es el del Salar de Hombre Muerto, en Catamarca, donde denunciaron que la construcción de un dique destinado a abastecer a la actividad minera contribuyó a la desaparición del río Trapiche.
Por otra parte, las nuevas tecnologías de extracción directa tampoco garantizan la ausencia de impactos. Estos procedimientos todavía presentan desafíos vinculados con el consumo de agua, la reinyección de salmuera y las posibles alteraciones de los acuíferos.
Los reclamos de las comunidades indígenas
En Argentina, Chile y Bolivia, distintas comunidades indígenas reclaman participación en las decisiones relacionadas con los proyectos de extracción de litio y evaluaciones ambientales transparentes.
Entre los principales cuestionamientos se encuentra la falta de información oportuna sobre las iniciativas mineras. Según los planteos de las comunidades, en algunos casos reciben información cuando los proyectos ya se encuentran avanzados, lo que limita su participación en las decisiones que pueden transformar sus territorios y formas de vida.
Asimismo, especialistas advierten que los beneficios económicos de la actividad no siempre permanecen en las regiones productoras, mientras que los costos ambientales recaen directamente sobre sus habitantes.
En este contexto, el desafío consiste en avanzar hacia una transición energética que no reproduzca modelos extractivos que comprometan los ecosistemas y los derechos de las poblaciones locales. Para ello, se plantea la necesidad de fortalecer los controles independientes, garantizar la protección de los recursos hídricos y asegurar consultas previas a las comunidades, junto con una planificación que contemple tanto la descarbonización como la justicia ambiental.
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