A tres meses de la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de Glaciares, el conflicto por los cambios en la normativa continúa en el ámbito judicial. Organizaciones ambientalistas impulsan acciones para frenar su aplicación y advierten sobre el riesgo que representan los nuevos proyectos mineros para las áreas protegidas.
La reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de abril y promulgada el 24 de abril mediante el Decreto 271/2026, dando origen a la Ley 27.804. Desde entonces, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas iniciaron una campaña nacional que reunió cerca de 850.000 firmas en menos de dos semanas y posteriormente alcanzó las 900.000 adhesiones en respaldo a una demanda colectiva presentada ante la Justicia.
La acción judicial, presentada el 5 de mayo, solicita una medida cautelar para suspender los efectos de la reforma y mantener vigente la Ley 26.639, que establecía un régimen de protección más amplio para los glaciares y el ambiente periglacial. La iniciativa recibió el apoyo de la exdiputada Marta Maffei, autora de la legislación original, además de organizaciones territoriales y de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Cuestionamientos a la reforma
Según Greenpeace, la nueva normativa modificó de manera sustancial el alcance de la protección ambiental. La organización sostiene que la ley original resguardaba todos los glaciares y el ambiente periglacial bajo un criterio preventivo, mientras que la reforma condiciona esa protección a la demostración de funciones hídricas relevantes.
Además, advierte que las provincias podrán solicitar la exclusión de determinadas geoformas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría dejar sectores actualmente protegidos fuera del alcance de la legislación.
Agostina Rossi Serra, licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, afirmó que estos cambios reducen las garantías de conservación sobre reservas estratégicas de agua dulce.
El Proyecto Vicuña, en el centro del conflicto
El principal caso que impulsa el reclamo judicial es el Proyecto Vicuña, un emprendimiento minero de cobre, oro y plata ubicado en la provincia de San Juan y desarrollado por las empresas BHP y Lundin.
La controversia se profundizó luego de que el proyecto fuera incorporado el 16 de junio al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas en un área donde se encuentra el glaciar de escombros GE110, actualmente incluido en el Inventario Nacional de Glaciares.
Las organizaciones ambientalistas sostienen que existe el riesgo de que, bajo las nuevas facultades otorgadas por la reforma, el glaciar sea retirado del inventario oficial, habilitando el avance de la actividad minera sobre un ambiente previamente protegido.
Medidas cautelares en trámite
Greenpeace informó que ya había documentado mediante un sobrevuelo realizado en febrero intervenciones mineras en zonas que estaban protegidas por la legislación anterior.
Ante ese escenario, el 23 de junio presentó una segunda medida cautelar específica para impedir cualquier modificación del estatus del glaciar GE110 mientras la Justicia resuelve el fondo de la cuestión.
Las organizaciones insisten en que los tribunales deben pronunciarse con rapidez para evitar intervenciones sobre glaciares y ambientes periglaciales antes de que puedan producirse daños considerados irreversibles.
