Política Ambiental

Expertos, desde geólogos hasta arquitectos, cuestionan un plan para ceder más de 70 hectáreas de tierras públicas para un desarrollo privado, citando inestabilidad geológica y violaciones a la normativa municipal.

La medida, que regirá durante todo el año, moviliza un amplio operativo interministerial y agiliza recursos para la prevención y combate de incendios en zonas urbanas, rurales y forestales.

En una tensa sesión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la iniciativa del Gobierno Nacional no logró el consenso necesario. Buenos Aires lideró la oposición, argumentando que la propuesta viola tratados internacionales y pone en riesgo las reservas de agua dulce del país.

Con presencia en 20 municipios, la iniciativa no solo facilita el reciclaje para los vecinos, sino que fortalece un modelo de desarrollo que pone a la Selva Paranaense en el centro de un futuro sostenible.

La derogación del 'Endangerment Finding' de la EPA desmantela una década y media de política climática, abriendo la puerta a una batalla judicial sin precedentes y a mayores riesgos para la salud pública y el medio ambiente.

Un contundente análisis de más de 30 organizaciones ambientales desglosa los riesgos del proyecto oficial, que debilitaría la protección de las reservas de agua dulce para favorecer a la minería a gran escala.

La capital neerlandesa se convierte en la primera del mundo en vetar anuncios de productos cárnicos y combustibles fósiles en espacios públicos, una medida que busca transformar los hábitos de consumo y enviar un potente mensaje global.

El gobierno de Lula da Silva presenta una ambiciosa hoja de ruta para reducir emisiones centrada en la protección de la Amazonia. Sin embargo, las proyecciones para los sectores agropecuario y energético revelan un desafío complejo y contradictorio.

Frente a la imponente masa de hielo, organizaciones y ciudadanos se manifestaron contra la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno, que podría habilitar la minería en ecosistemas vitales.

Un colectivo de prestigiosos constitucionalistas y académicos envió una carta al Congreso advirtiendo que los cambios propuestos desmantelan la protección de las reservas de agua dulce del país, violan la Constitución y sientan un precedente peligroso.