Denuncias ambientales

La construcción continuó a pesar de una suspensión preventiva, lo que motivó una nueva actuación de las autoridades para proteger el ecosistema ribereño. Un recordatorio de la importancia de la normativa ambiental en zonas sensibles.

En una operación conjunta, equipos del Ministerio de Ecología y el Grupo de Operaciones en Selva neutralizaron campamentos utilizados para la depredación de fauna en una de las áreas protegidas más emblemáticas de Misiones.

Un operativo conjunto entre guardaparques provinciales y la División de Delitos Rurales logró desactivar focos de caza ilegal en una de las áreas protegidas clave para la biodiversidad de la Selva Paranaense.

Una organización ambientalista llevó el caso a la Justicia Federal, advirtiendo sobre la falta de estudios de impacto ambiental y el posible uso de materiales contaminantes que amenazan el ecosistema fluvial de la Isla del Medio.

Expertos, desde geólogos hasta arquitectos, cuestionan un plan para ceder más de 70 hectáreas de tierras públicas para un desarrollo privado, citando inestabilidad geológica y violaciones a la normativa municipal.

Un vecino advirtió sobre el avance de cuadrillas que eliminan árboles y vegetación nativa en un tramo costero. La obra, contratada por la Entidad Binacional Yacyretá, genera preocupación por su impacto en el ecosistema local.

Una denuncia vecinal por la mortandad de aves de corral activó un operativo del Ministerio de Ecología en la cuenca del arroyo Tabay. Se tomaron muestras de agua para determinar las causas y el posible impacto ambiental en la zona.

Un operativo de rutina del Ministerio de Ecología en el corazón de la Selva Misionera culminó con la intercepción de cazadores ilegales, reafirmando la lucha constante por la protección de la biodiversidad.

En un contexto de alto riesgo de incendios, la rápida acción de los bomberos contuvo un fuego provocado por la quema de residuos forestales. El propietario del terreno enfrentará consecuencias legales por violar la prohibición vigente.

Una carta en la prestigiosa revista científica expone cómo las regiones de Madrid y Andalucía utilizan estudios sin rigor para autorizar la caza de jilgueros, pardillos y verderones, una práctica prohibida a nivel europeo.