En un movimiento clave para la política ambiental argentina, el intento del Gobierno Nacional de modificar la Ley de Glaciares encontró un muro de contención en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). La propuesta, que buscaba flexibilizar la normativa vigente, no consiguió el aval de las provincias tras una sesión marcada por votos negativos, abstenciones y ausencias significativas, dejando en evidencia una profunda falta de consenso federal.
Acuerdo fracturado en el federalismo ambiental
El debate se centró en los cambios legislativos que el Ejecutivo planea llevar al Senado. Sin embargo, el organismo que reúne a las máximas autoridades ambientales de todas las jurisdicciones del país se convirtió en el primer gran obstáculo. La Provincia de Buenos Aires se posicionó como la voz más firme del rechazo, calificando la reforma como un «grave retroceso en la protección ambiental». Esta postura, sumada a la falta de apoyo de otras provincias, impidió que el oficialismo obtuviera el respaldo político necesario para avanzar con su agenda.
La falta de una mayoría clara en el COFEMA envía una poderosa señal política: cualquier modificación a una ley de presupuestos mínimos tan sensible como la de protección de glaciares requiere un acuerdo amplio y técnicamente sólido, algo que la actual propuesta no logró generar. El resultado pone en pausa, al menos en el ámbito federal, una reforma que genera preocupación en la comunidad científica y en las organizaciones ambientalistas.
Entre la Carta Magna y el cambio climático: las razones del rechazo
Los fundamentos para oponerse a la reforma fueron contundentes y se basaron en pilares legales y científicos. Tamara Basteiro, subsecretaria de Política Ambiental bonaerense, detalló los impedimentos jurídicos de la iniciativa. En primer lugar, señaló que la propuesta contradice el principio de no regresividad ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina. Este principio impide que la legislación retroceda en los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
Además, Basteiro argumentó que la reforma vulneraría el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano. «Cualquier cambio en la ley debería elevar los estándares de protección y no reducir los ya existentes», afirmó la ministra de Ambiente bonaerense, subrayando la importancia de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática global.
La funcionaria también recordó las constantes advertencias de la ONU sobre la acelerada velocidad del retroceso de los glaciares a nivel mundial. En este escenario, flexibilizar la protección de la segunda reserva de agua dulce más importante de Latinoamérica para, según sus palabras, «facilitar la destrucción de estos recursos por parte de corporaciones extranjeras», fue considerado inaceptable por el bloque opositor.
El futuro incierto de los glaciares
Este freno en el COFEMA no cierra el debate, pero sí lo enriquece y lo complejiza. Las provincias que lideraron la oposición, junto a organizaciones de la sociedad civil, han solicitado la participación activa de especialistas del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para que el análisis sea riguroso y basado en evidencia científica.
La discusión, por lo tanto, se traslada ahora al Congreso, pero con un antecedente de peso: una parte significativa del país no está dispuesta a ceder en la protección de sus fábricas de agua. El futuro de los glaciares argentinos dependerá de la capacidad del debate político para escuchar a la ciencia y respetar los principios legales que protegen nuestro patrimonio natural para las generaciones futuras.
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