La propuesta para incorporar la figura del ecocidio al Código Penal argentino quedó envuelta en una controversia legislativa luego de que integrantes del bloque oficialista anunciaran el retiro de sus firmas del dictamen que había obtenido respaldo en comisiones del Senado a comienzos de junio.
La iniciativa, impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi, busca establecer penas de prisión y sanciones económicas para quienes provoquen daños ambientales graves, extensos y duraderos. Tras recibir dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente, el proyecto había quedado habilitado para su tratamiento en el recinto.
Sin embargo, la decisión de algunos legisladores de retirar su apoyo abrió una discusión sobre la validez del procedimiento y el alcance de las normas internas que regulan el funcionamiento de la Cámara alta.
Penas por daños ambientales
El texto propone sanciones para quienes causen daños severos al ambiente incumpliendo la legislación vigente. En esos casos, las penas previstas van de tres a diez años de prisión, además de multas económicas calculadas en función del salario mínimo.
La iniciativa también contempla un agravamiento de las condenas cuando el daño ambiental resulte irreversible. En esos supuestos, las penas podrían elevarse a entre cinco y quince años de prisión.
Además, incorpora agravantes vinculados a las consecuencias sobre la salud humana. Si los hechos ocasionaran la muerte de personas, las condenas podrían alcanzar hasta veinticinco años de prisión.
El proyecto prevé asimismo multas más elevadas para las infracciones consideradas de mayor gravedad, con el objetivo de reforzar las herramientas de prevención y reparación de los daños ambientales.
Debate sobre el procedimiento legislativo
La polémica surgió luego de que algunos de los legisladores que habían acompañado inicialmente el despacho anunciaran el retiro de sus firmas. Distintos sectores advirtieron que esa decisión podría contradecir el reglamento del Senado.
Según la interpretación de las normas internas de la Cámara, una vez que un dictamen es presentado formalmente ante la Mesa de Entradas, las firmas ya no pueden ser retiradas. Esta situación generó cuestionamientos en distintos ámbitos legislativos y abrió un debate sobre los pasos a seguir.
Entre las alternativas que comenzaron a analizarse figuran el regreso del proyecto a comisión, la postergación de su tratamiento o la incorporación de modificaciones durante el debate en el recinto.
El episodio también profundizó las diferencias políticas en torno a una iniciativa que genera posiciones diversas entre legisladores, organizaciones ambientales y sectores vinculados a actividades productivas.
Qué plantea el concepto de ecocidio
El término ecocidio se utiliza para describir acciones que provocan una destrucción masiva o daños graves en ecosistemas, afectando su capacidad para sostener la vida.
Aunque actualmente no forma parte del derecho penal internacional, distintas organizaciones ambientales y especialistas promueven su reconocimiento como una figura jurídica específica para sancionar daños ecológicos de gran magnitud.
El concepto comenzó a ganar visibilidad en la década de 1970, en un contexto marcado por las preocupaciones sobre los impactos ambientales derivados de conflictos armados, actividades industriales y procesos de contaminación a gran escala.
Con el tiempo, la propuesta evolucionó hacia la creación de herramientas legales orientadas a castigar daños irreversibles sobre bosques, ríos, océanos, humedales y otros ecosistemas estratégicos.
En la actualidad, movimientos internacionales impulsan su reconocimiento como un delito de alcance global, con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y prevenir impactos que puedan afectar tanto a las generaciones actuales como a las futuras.
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