jueves, octubre 29, 2026
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Los Ángeles aprobó una ordenanza para eliminar la extracción de petróleo en los próximos 20 años

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El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la extracción de petróleo y gas y establece el cierre progresivo de los pozos existentes. La medida busca reducir los riesgos para la salud pública y se enmarca en los objetivos climáticos de la ciudad.

Un plan para cerrar pozos petroleros

La ordenanza contempla la eliminación gradual de la producción durante los próximos 20 años. El plan alcanza a unos 600 pozos petroleros activos y otros 1.200 inactivos.

El documento establece que la extracción de petróleo y gas quedará prohibida en todas las zonas de la ciudad y que las actividades existentes pasarán a considerarse usos no conformes.

Según el organismo municipal, las comunidades cercanas a las zonas de extracción, en particular las comunidades de color, han sufrido injusticias históricas por la exposición a riesgos conocidos para la salud y la seguridad pública.

Además, el texto advierte sobre los posibles impactos de estas actividades cuando se desarrollan cerca de escuelas, guarderías, centros de atención para adultos mayores, parques, hospitales y viviendas.

Una medida vinculada con los objetivos climáticos

La iniciativa todavía requiere la aprobación definitiva de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Entre sus objetivos se encuentra proteger la salud de los residentes que viven en barrios próximos a las zonas de extracción y avanzar hacia la neutralidad de carbono para 2035.

La decisión también retoma una medida aprobada por el Consejo Municipal en marzo de 2022, que prohibía la perforación de nuevos pozos de petróleo y gas y ordenaba eliminar gradualmente las operaciones existentes en un plazo de 20 años.

Sin embargo, esa disposición fue anulada en septiembre de 2024 por un tribunal, que determinó que la ciudad no tenía competencias para aplicar la prohibición frente a la regulación estatal.

El impacto en las comunidades cercanas a los pozos

La aprobación se produjo después de más de una década de reclamos de las comunidades que conviven con las instalaciones petroleras y solicitan medidas para reducir los riesgos asociados a su actividad.

De acuerdo con los datos citados en la información, más de medio millón de residentes del condado de Los Ángeles viven a menos de un kilómetro de un pozo petrolero activo.

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