Tras obtener media sanción en el Senado, el oficialismo busca acelerar el debate en la Cámara de Diputados para reformar la Ley 26.639, conocida como la Ley de Glaciares. La iniciativa, que enfrenta a sectores productivos con la comunidad científica y ambiental, propone cambios que podrían redefinir qué es un glaciar y, en consecuencia, qué se protege, abriendo la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora vedadas.
El centro de la polémica: redefinir para explotar
El nudo del conflicto reside en la modificación de conceptos técnicos que tienen implicancias enormes. El proyecto impulsado por el Gobierno busca restringir la protección a cuerpos de hielo de dimensiones específicas que ya figuren en el Inventario Nacional de Glaciares. Según sus defensores, la ley actual, sancionada en 2010, es «demasiado restrictiva» y frena inversiones estratégicas en minería e hidrocarburos en la cordillera.
Desde esta perspectiva, la reforma ofrecería la «seguridad jurídica» que las empresas reclaman para desarrollar proyectos en zonas de alta montaña. La propuesta apunta a flexibilizar el artículo que prohíbe explícitamente la actividad minera e industrial sobre estas áreas, un pilar fundamental de la normativa original que fue celebrada como un hito en la protección ambiental de la región.
«Son fábricas de agua»
Frente a la visión economicista, científicos del CONICET y organizaciones ambientalistas han encendido las alarmas. Advierten que la nueva definición dejaría desprotegidos a los glaciares de roca y al ambiente periglaciar. Estas formaciones, aunque no se vean como masas de hielo blanco, son vitales para el ecosistema, ya que actúan como esponjas que regulan y liberan agua lentamente, alimentando las cuencas hídricas de las que dependen millones de personas y ecosistemas enteros.
En un contexto de cambio climático y sequías cada vez más prolongadas, estos glaciares son reservas estratégicas de agua dulce. De modo que habilitar la actividad extractiva en sus cercanías implicaría un riesgo inaceptable de contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas, poniendo en peligro la calidad y cantidad del agua para el futuro.
Un debate con múltiples actores
El debate en las comisiones de Recursos Naturales, Minería y Presupuesto refleja la tensión de intereses. Mientras el oficialismo y sus aliados buscan un dictamen rápido, la oposición y bloques de izquierda denuncian un intento de «entrega de recursos estratégicos». Las audiencias han sido un mosaico de posturas:
- Cámaras mineras: Solicitan una ley que no bloquee proyectos en áreas donde, según su criterio, no existen glaciares de importancia hídrica confirmada.
- Ambientalistas: Alertan sobre la pérdida irreversible de biodiversidad y la contaminación de fuentes de agua vitales para el consumo humano y la agricultura.
- Asambleas ciudadanas: Han comenzado a movilizarse en varias provincias para defender la ley original y exigir que no se modifique el artículo que prohíbe la minería.
La urgencia del Gobierno por avanzar en su agenda de desregulación económica choca con la falta de un consenso claro, incluso entre sus propios aliados. El destino de la Ley de Glaciares no es solo una discusión legislativa; es una definición sobre qué modelo de desarrollo quiere Argentina y qué valor le asigna a sus recursos naturales más preciados. El resultado de esta votación será observado de cerca, tanto por las comunidades que dependen de esa agua como por organismos internacionales que monitorean el compromiso del país con la protección del planeta.
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