La advertencia de Greenpeace volvió a instalar el debate sobre la protección de los ecosistemas andinos y sobre la seguridad hídrica del país. La intervención realizada frente al Obelisco reunió a decenas de personas sorprendidas por una torre hecha de grandes bloques de hielo que imitaba un juego de piezas inestables y que llevaba en lo alto el mensaje “Están jugando con el agua de todos. La Ley de Glaciares no se toca”. A través de esta acción, la organización buscó alertar sobre las consecuencias ambientales que tendría flexibilizar una norma considerada estratégica para la protección del agua dulce en la Argentina.
La defensa de una norma clave para el agua y la montaña
La acción en el espacio público pretendió subrayar que la Ley de Glaciares garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciales que funcionan como reservas naturales de agua. Estos sistemas regulan los caudales de los ríos y sostienen la disponibilidad hídrica en regiones donde el deshielo es fundamental para la vida de comunidades, ecosistemas y actividades productivas.
Según la organización ambientalista, cualquier cambio normativo que debilite los límites actuales expondría reservas hídricas esenciales y favorecería actividades extractivas en áreas donde hoy están prohibidas. Además, remarcaron que la norma vigente es un respaldo a los compromisos ambientales internacionales asumidos por el país y una herramienta indispensable para evitar daños irreversibles.
Los riesgos de intervenir en ecosistemas vulnerables
Los ambientalistas insisten en que permitir intervenciones en zonas de glaciares y periglaciares alteraría el régimen natural del agua, afectaría el equilibrio de las cuencas y generaría presiones adicionales sobre áreas que ya están tensionadas por la crisis climática. El retroceso glaciar acelerado, visible en toda la cordillera, refuerza la preocupación por la posibilidad de habilitar excepciones o reducir superficies protegidas.
La intervención en pleno centro porteño funcionó como recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas andinos y de la necesidad de sostener políticas de conservación. Para la organización, debilitar la ley facilitaría la expansión de proyectos con alto riesgo para las fuentes de agua que abastecen a millones de personas.
Qué modificaciones se buscan introducir y por qué generan alarma
El debate volvió a activarse porque distintos proyectos impulsados en los últimos años proponen cambios que preocupan a especialistas y organizaciones socioambientales. Entre los puntos más cuestionados se encuentran tres ejes principales que, según esos sectores, implicarían un retroceso normativo.
Redefinir qué se considera área periglacial
Algunos borradores plantean acotar la definición vigente. Esto reduciría la superficie protegida y habilitaría áreas hoy vedadas a actividades extractivas. De este modo, zonas que cumplen funciones de regulación hídrica podrían quedar expuestas a impactos irreversibles.
Habilitar excepciones para proyectos mineros
También se analiza permitir actividades donde estudios demuestren “bajo impacto”. Organizaciones y especialistas sostienen que esta categoría es ambigua y difícil de controlar, lo que abriría la puerta a intervenciones en lugares especialmente sensibles.
Cambiar los criterios de inventario y monitoreo
Las propuestas incluyen revisiones metodológicas que podrían excluir pequeños cuerpos de hielo o áreas discontinuas que hoy están protegidos. Esta modificación dejaría sin resguardo parte de las reservas de agua más importantes de la Argentina.
Según expertos, estos cambios reducirían la efectividad de la ley y debilitarían la principal herramienta que tiene el país para cuidar sus reservas hídricas en un contexto de crisis climática.
Por qué la Ley de Glaciares es fundamental para el futuro ambiental
La norma no solo protege el abastecimiento de agua en zonas áridas y cordilleranas. También actúa como reguladora del clima local, sostiene biodiversidad única y preserva paisajes esenciales para el turismo sustentable. Asimismo, funciona como barrera frente a actividades que podrían acelerar la pérdida de hielo, aumentar la contaminación y alterar cuencas clave para el sistema hídrico nacional.
En un escenario de calentamiento global, mantener intactos los glaciares es una de las medidas más efectivas para asegurar agua disponible en las próximas décadas. Por este motivo, el pedido de Greenpeace se centra en que el Estado mantenga la prohibición de actividades que puedan afectar a los glaciares y a los ambientes periglaciales, considerados estratégicos para la seguridad hídrica del país.
La acción realizada frente al Obelisco resume esa demanda. Mientras la torre de hielo se derretía lentamente bajo el calor urbano, también se hacía visible el mensaje de fondo que sostiene la organización: la protección glaciar es una condición mínima para enfrentar los efectos de la crisis climática y garantizar que el agua siga disponible para las generaciones futuras.
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