En una contundente señal de alerta, más de 85 reconocidos constitucionalistas, académicos y especialistas en derecho ambiental han enviado una carta al Congreso de la Nación para expresar su rechazo rotundo a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno. El documento, firmado por figuras como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez, califica la iniciativa como inconstitucional, regresiva y una amenaza directa al derecho a un ambiente sano para todos los argentinos.
Un piso de protección constitucional que se desmorona
El núcleo del argumento de los expertos reside en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo establece que el Congreso debe dictar normas de «presupuestos mínimos de protección ambiental» que rijan en todo el territorio. Las provincias, a su vez, pueden complementar estas leyes con normativas más estrictas, pero jamás pueden perforar ese piso de protección común. La reforma propuesta, según los firmantes, hace exactamente eso: subvierte el sistema.
El proyecto habilita a cada provincia a definir qué glaciares y ambientes periglaciales proteger, basándose en criterios propios. Esta discrecionalidad, advierten, es una puerta abierta a la desprotección. «La reforma de la Ley de Glaciares no constituye una mera modificación, sino que subvierte por completo el sistema vigente. Su redacción desmantela la esencia de las Leyes de Presupuestos Mínimos», explican en la carta. Al romper con un criterio nacional unificado, se pone en riesgo no solo las fuentes de agua locales, sino también las de las provincias ubicadas cuenca abajo, que dependen del mismo sistema hídrico.
Del inventario científico a la decisión política
Otro de los pilares de la ley actual es el Inventario Nacional de Glaciares (ING), una herramienta técnico-científica de acceso público que mapea y cataloga cada uno de los cuerpos de hielo del país. Este inventario es fundamental para saber qué debemos proteger. La reforma propuesta, al provincializar las decisiones, subordina este conocimiento científico a criterios políticos coyunturales, vaciando de contenido la protección real.
Los especialistas también critican que la iniciativa rompe con el enfoque ecosistémico, un principio básico de la ciencia ambiental que entiende que la naturaleza no respeta fronteras administrativas. «La eliminación de la protección de un glaciar en una jurisdicción puede afectar directamente el acceso al agua y los derechos ambientales de otras«, señalan. Un glaciar en San Juan no es solo de San Juan; es parte de un sistema hídrico que puede abastecer a Mendoza o La Rioja. La ley actual entiende esta interconexión, mientras que la reforma la ignora.
Un precedente peligroso en un contexto de crisis climática
La ley vigente, sancionada hace 15 años, es considerada pionera a nivel mundial por definir a los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y la agricultura. Por ello, prohíbe expresamente actividades que puedan dañarlos, como la minería y la explotación de hidrocarburos. Flexibilizar esta protección no solo es un riesgo en sí mismo, sino que también sienta un precedente alarmante para el resto de la legislación ambiental argentina.
Cabe señalar que Argentina posee casi 17.000 cuerpos de hielo, uno de los patrimonios glaciares más importantes del planeta, pero también uno de los más vulnerables. En la última década, la superficie glaciar del país se redujo cerca de un 17%. A nivel global, el panorama es igualmente desolador: un estudio de la revista Nature reveló que entre 2000 y 2023, los glaciares del mundo perdieron un promedio de 273.000 millones de toneladas de hielo por año. En un planeta que se calienta, debilitar la protección de nuestras fábricas de agua dulce no solo es un error, es un paso hacia una mayor vulnerabilidad climática y social.
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