La 31.ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre cambio climático (COP31) comenzó el 9 de noviembre en Antalya, Turquía, con el desafío de avanzar en la implementación de los compromisos climáticos asumidos por los países. Para América Latina, uno de los principales ejes de discusión será la protección de los bosques y los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de quienes habitan y protegen esos territorios.
Especialistas consultados por SciDev.Net coincidieron en que la cumbre debe marcar un avance respecto de las declaraciones políticas y promover medidas concretas que permitan cumplir los objetivos ambientales. Entre las prioridades también señalaron la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento climático y garantizar una mayor participación de las comunidades en las decisiones.
La protección de los bosques, una agenda que busca mayor protagonismo
Manuel Martí, investigador del Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), con sede en El Salvador, advirtió que los temas forestales podrían quedar relegados durante la COP31. Sin embargo, consideró necesario mantenerlos en la agenda y recordó el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las poblaciones forestales en la conservación de estos ecosistemas.
Durante la COP30, realizada en Belém en noviembre de 2025, se debatieron hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y detener la deforestación hacia 2030. Aunque las propuestas recibieron el respaldo de unos 80 países, finalmente quedaron fuera del documento final, en medio de la resistencia de productores de petróleo y gas como Arabia Saudita y Rusia.
Frente a ese antecedente, el climatólogo Carlos Nobre, de la Universidad de São Paulo (USP), expresó su expectativa de que la nueva cumbre permita dar continuidad a esas iniciativas y establecer mecanismos para llevarlas a la práctica.
Por su parte, Florencia Librizzi, subdirectora de Earth Insight, reclamó la aplicación del Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra, presentado durante la COP30. La iniciativa forma parte de la Alianza de Líderes para los Bosques y el Clima, que busca detener y revertir la pérdida de cobertura forestal para 2030.
En ese sentido, Librizzi sostuvo que las acciones climáticas deben contemplar la protección de los territorios indígenas y comunitarios frente al avance de nuevos proyectos extractivos.
El financiamiento climático crece, pero sigue siendo desigual
Otro de los principales desafíos para América Latina será conseguir mayores recursos para implementar sus políticas climáticas y garantizar que lleguen a los países y sectores que más los necesitan.
De acuerdo con un informe de Climate Policy Initiative, el financiamiento climático en América Latina y el Caribe alcanzó los 108.000 millones de dólares en 2024. La cifra representa el doble de los recursos registrados en 2020, aunque todavía resulta insuficiente frente a las necesidades de la región.
Además, la distribución presenta importantes diferencias entre países. Brasil concentró el 58 % del financiamiento regional, equivalente al 2,9 % de su producto interno bruto y a unos 300 dólares por habitante, casi el doble del promedio latinoamericano.
Las dificultades también aparecen al momento de convertir los compromisos en políticas concretas. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que analizó las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de 30 países, encontró que solamente la mitad cuenta con una estrategia de financiamiento climático.
El informe también identificó problemas en la estimación de los costos y en la coordinación entre los objetivos ambientales, las políticas sectoriales y los marcos regulatorios.
Comunidades afrodescendientes reclaman participación y acceso a recursos
La participación de las comunidades afrodescendientes también aparece entre los temas que buscarán continuidad en la COP31. Durante la cumbre anterior, estos grupos fueron mencionados por primera vez en cuatro documentos oficiales, un reconocimiento que abrió nuevas posibilidades para reclamar derechos dentro de las negociaciones climáticas.
De cara a la nueva conferencia, las organizaciones de la sociedad civil buscan que ese reconocimiento se traduzca en participación efectiva, financiamiento y protección territorial.
Darwin Torres, integrante de la Coalición Internacional de Territorios y Pueblos de Ascendencia Africana en América Latina y el Caribe, destacó el papel de estas comunidades en la conservación de la biodiversidad a través de sus territorios, conocimientos y prácticas.
Asimismo, advirtió que la falta de un reconocimiento específico puede hacer que sus demandas queden comprendidas dentro de categorías generales, lo que dificulta su acceso a los espacios de participación, las instancias de decisión y el financiamiento directo.
Librizzi, por su parte, señaló que los avances en reducción de emisiones, adaptación, pérdidas y daños y financiamiento deben reconocer a los pueblos indígenas y afrodescendientes como titulares de derechos. Esto implica proteger sus territorios, respetar sus formas de gobierno y garantizar mecanismos accesibles para recibir recursos.
El escenario geopolítico condiciona las negociaciones
La situación internacional también genera incertidumbre sobre el alcance de los acuerdos que puedan alcanzarse durante la COP31.
Carlos Nobre considera que los fenómenos meteorológicos extremos pueden impulsar a los gobiernos a avanzar con las hojas de ruta debatidas en Belém. Sin embargo, otros especialistas mantienen una postura más cautelosa.
El físico Paulo Artaxo, de la Universidad de São Paulo y colaborador del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), señaló que continúan las tensiones geopolíticas que condicionaron las negociaciones anteriores.
Entre los factores que mencionó figuran el aumento del gasto europeo en defensa, los recortes de Estados Unidos a la ayuda internacional y la prioridad que China otorga a su crecimiento económico. También expresó preocupación por la influencia de gobiernos que cuestionan la evidencia científica o priorizan otras agendas frente a las políticas ambientales.
En este escenario, los especialistas consideran que América Latina necesita fortalecer la coordinación regional y desarrollar medidas nacionales que permitan transformar los compromisos climáticos en inversiones, políticas públicas y acciones sostenidas.
La COP31 representa así una nueva instancia para avanzar en la agenda climática, con desafíos que abarcan desde la conservación de los bosques y la protección de las comunidades hasta el financiamiento y la cooperación internacional.
