El proyecto de Presupuesto Nacional contempla asignar $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, frente a los $606.304 millones que establece la Ley 26.331. Según un análisis de Fundación Vida Silvestre Argentina, la partida equivaldría a unos $466 anuales por hectárea.
Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos, ecosistemas esenciales para conservar la biodiversidad, regular el ciclo del agua y contribuir a mitigar el cambio climático. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 prevé destinar apenas el 4,07% de los recursos que deberían asignarse por ley para garantizar su protección.
De acuerdo con un análisis de Fundación Vida Silvestre Argentina, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos recibiría $24.668 millones, mientras que el monto correspondiente según la Ley 26.331 alcanzaría los $606.304 millones.
La diferencia representa un financiamiento muy inferior al establecido por la normativa y, en términos prácticos, equivale a unos $466 anuales por hectárea, es decir, aproximadamente $39 mensuales para sostener su conservación.
La Ley de Bosques y la falta de financiamiento
Sancionada en 2007, la Ley 26.331 estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos y definió mecanismos destinados a compatibilizar su conservación con las actividades productivas sustentables.
Para garantizar su aplicación, el artículo 31 dispone que el fondo específico debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. Sin embargo, las partidas asignadas durante los últimos años quedaron lejos de ese porcentaje.
Según Fundación Vida Silvestre, el financiamiento proyectado para 2027 se encuentra entre los niveles más bajos desde la creación de la normativa. Esta situación limita la capacidad de las provincias para fiscalizar los desmontes, controlar las actividades productivas y otorgar incentivos a quienes conservan o restauran los ecosistemas.
Además, la insuficiencia presupuestaria dificulta la continuidad de las políticas ambientales y la planificación de acciones de conservación a largo plazo.
La deforestación y la pérdida de biodiversidad
La falta de recursos se produce en un contexto en el que los bosques nativos continúan amenazados por los cambios en el uso del suelo. Entre las principales causas de pérdida de cobertura forestal se encuentran la expansión agropecuaria, las actividades forestales, los desarrollos urbanísticos y la construcción de infraestructura vial.
Estas transformaciones pueden provocar desmontes ilegales, fragmentación de hábitats y desplazamiento de especies que dependen de los ambientes forestales para alimentarse y reproducirse. A su vez, la falta de restauración de las áreas afectadas por incendios y desmontes profundiza el deterioro de los ecosistemas.
Otro de los problemas señalados es la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta que permitiría identificar a quienes incumplen las normas y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción.
En este escenario, la reducción de los recursos también afecta las inspecciones y el monitoreo territorial, dos tareas fundamentales para detectar intervenciones ilegales y controlar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Las consecuencias ambientales y sociales de una menor inversión
Los bosques nativos cumplen funciones esenciales para el equilibrio ambiental. Regulan el ciclo del agua, favorecen su infiltración y reducen la erosión del suelo. Por este motivo, su degradación puede aumentar la vulnerabilidad de las comunidades frente a inundaciones y otros eventos climáticos extremos.
Asimismo, estos ecosistemas albergan una amplia diversidad de plantas y animales, almacenan carbono y contribuyen a reducir los efectos del cambio climático. También proporcionan alimentos, materias primas, recursos medicinales y medios de subsistencia para numerosas poblaciones.
Por lo tanto, un financiamiento insuficiente puede debilitar la conservación de especies, la recuperación de áreas degradadas y la capacidad de respuesta frente a la deforestación. La pérdida de estos servicios ecosistémicos tiene consecuencias que trascienden el ámbito ambiental y alcanzan también a las dimensiones sociales y económicas.
Una deuda presupuestaria que se mantiene
Desde Fundación Vida Silvestre advierten que el incumplimiento de los niveles de financiamiento establecidos por la Ley de Bosques se repite en sucesivos presupuestos nacionales. Según la organización, salvo durante los primeros años de aplicación de la normativa, las partidas asignadas nunca superaron el 10% de los recursos que deberían destinarse al fondo.
En consecuencia, el debate sobre el Presupuesto 2027 no se limita a la distribución de los recursos públicos, sino que también pone en discusión la capacidad del Estado para garantizar una política efectiva de conservación.
La protección de los más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos requiere financiamiento sostenido, controles y planificación para frenar la pérdida de cobertura forestal y evitar un mayor deterioro de uno de los principales patrimonios naturales de Argentina.
