Greenpeace reclamó a los partidos políticos de España avanzar hacia un modelo de gestión de incendios forestales que priorice la prevención por encima de la extinción. El pedido se basa en el balance de la temporada de 2026, durante la cual se quemaron cerca de 280.000 hectáreas de superficie forestal y se registraron episodios de extrema gravedad.
La organización ecologista planteó la necesidad de reforzar las políticas preventivas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Además, advirtió que concentrar los esfuerzos únicamente en la extinción no permite resolver el problema y sostuvo que invertir en prevención puede reducir considerablemente los costos asociados a los incendios.
Según el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, los gastos de extinción durante 2026 se estimaron entre 2.794 y 5.309 millones de euros. En contraste, por cada euro destinado a la prevención se podrían ahorrar hasta 100 euros en costos de extinción.
Una temporada marcada por incendios extremos
El reclamo se produjo a cinco días del cierre de la campaña de incendios forestales, previsto para el 31 de octubre. Durante la temporada, España registró cerca de 280.000 hectáreas quemadas, además del incendio de Niebla, en Huelva, que afectó a 39.821 hectáreas y fue señalado como el más grande de la historia del país.
Asimismo, el incendio de Los Gallardos, en Almería, fue identificado como el más mortífero, con 15 fallecidos. La temporada también dejó récords en varias comunidades autónomas.
Para Greenpeace, estos episodios reflejan un cambio hacia incendios más extremos, con mayor capacidad de propagación y más dificultades para su extinción. La organización vinculó esta evolución, en gran medida, con los efectos del cambio climático.
En esa línea, los resultados de World Weather Attribution, publicados en julio de 2026, señalaron que el cambio climático multiplicó por 20 la probabilidad de que se produjeran condiciones extremas favorables a los incendios forestales en España. El análisis coincidió con un verano que, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), fue el más cálido desde al menos 1869.
La prevención en zonas de riesgo
Los grandes incendios de 2026 también representaron una amenaza para la población, las viviendas, las infraestructuras y los medios de vida. El balance de la temporada incluyó 21 personas fallecidas y 71 heridas.
Ante este escenario, Greenpeace destacó la necesidad de incorporar la interfaz urbano-forestal, es decir, las zonas donde las viviendas entran en contacto con áreas de monte, como un componente central de las políticas preventivas.
Para ello, la organización reclamó el cumplimiento de los planes de prevención, emergencia local y autoprotección en las zonas de alto riesgo, con el objetivo de fortalecer la preparación frente a los incendios.
Políticas forestales y rurales coordinadas
Además de las medidas de prevención directa, Greenpeace pidió coordinar las políticas forestales y rurales mediante reformas legislativas y fiscales, junto con una mayor inversión pública.
La propuesta apunta a garantizar una gestión sostenible de los montes, frenar el abandono rural y adaptar los ecosistemas a los efectos del cambio climático. Según la organización, estos cambios deben contribuir a transformar el modelo territorial, alimentario, energético y productivo para reducir la vulnerabilidad frente a los incendios forestales.
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