Estudiantes, trabajadores y organizaciones ambientalistas se manifestaron durante la apertura del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La protesta cuestionó la participación del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, tras una resolución judicial vinculada con la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El conflicto se relaciona con una decisión que dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de esa normativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei mediante el DNU 70/2023. La resolución reavivó el debate sobre la propiedad extranjera de tierras y sus implicancias para la soberanía territorial.
Durante la manifestación, los participantes cuestionaron la presencia del magistrado en un encuentro dedicado a la protección ambiental. Según plantearon, el fallo podría debilitar las herramientas legales destinadas a resguardar el territorio y los recursos naturales.
Los reclamos por la soberanía territorial y los bienes comunes
Los manifestantes expresaron su rechazo mediante consignas contra Lorenzetti y cuestionaron el alcance de las decisiones judiciales relacionadas con la protección ambiental y el control de los bienes comunes.
Entre los participantes, el dirigente Lucas Bonfante sostuvo que la protesta buscaba evitar que el congreso se desarrollara con normalidad frente a lo que consideró un retroceso en la defensa de los recursos naturales. Además, vinculó el reclamo con el desfinanciamiento de la universidad pública.
Por su parte, la estudiante de Derecho Evelin Cano defendió el carácter colectivo de la tierra, el agua y los bienes naturales. Desde esa perspectiva, los manifestantes plantearon que las decisiones sobre el territorio deben contemplar sus consecuencias sociales, ecológicas y estratégicas, además de los aspectos económicos.
La movilización fue impulsada por agrupaciones como los Comités por un Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora, la Juventud del PTS, Contraimagen y Alerta Roja. Entre sus principales demandas se encontraron el rechazo a la extranjerización de tierras, la protección de los bienes comunes y el cuestionamiento de políticas que consideran perjudiciales para la soberanía territorial.
Qué establece la Ley de Tierras Rurales
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas y entidades extranjeras. Entre sus disposiciones, fijó un tope general del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales en los ámbitos nacional, provincial y departamental, además de restricciones específicas para determinadas operaciones y zonas.
La normativa también estableció controles sobre la adquisición de terrenos rurales con el objetivo de limitar la concentración de grandes extensiones en manos extranjeras. Sus disposiciones estaban vinculadas con la soberanía territorial, el uso productivo del suelo y la protección de recursos estratégicos, como el agua dulce.
Sin embargo, la derogación impulsada mediante el DNU 70/2023 abrió una controversia jurídica y política sobre el alcance de estas protecciones. La resolución cuestionada por los manifestantes volvió a colocar la normativa en el centro del debate.
La relación entre la propiedad de la tierra y la protección ambiental
La disputa también tiene una dimensión ambiental, ya que la titularidad de los terrenos influye en las decisiones sobre bosques, humedales, fuentes de agua y actividades productivas.
En este contexto, las organizaciones que participaron de la protesta sostienen que el control territorial debe contemplar la conservación de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales.
De este modo, la manifestación en la UBA expuso una discusión que trasciende el ámbito judicial y comprende la relación entre inversiones, seguridad jurídica, soberanía territorial y protección ambiental.
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