En un movimiento que redefine el futuro de las reservas de agua dulce de Argentina, se ha aprobado una modificación a la Ley de Glaciares de 2010. La reforma centra el debate en el ambiente periglacial. Estos ecosistemas, considerados verdaderas «fábricas de agua» congelada, enfrentan ahora un nuevo escenario legal que equilibra su protección con intereses económicos, generando una profunda preocupación en la comunidad científica y ambiental.
¿Qué es el ambiente periglacial?
Lejos de ser un simple terreno baldío junto a un glaciar, el ambiente periglacial es un ecosistema complejo y estratégico. Está compuesto por suelos que permanecen congelados durante gran parte del año, conocidos técnicamente como permafrost o terrenos criogénicos. Su función es crucial: actúan como una gigantesca esponja natural, reteniendo enormes volúmenes de agua en forma de hielo subterráneo.
Durante los meses más cálidos, este hielo se derrite de forma lenta y gradual, liberando agua que alimenta ríos y arroyos de manera constante. Este proceso es fundamental para regular los caudales hídricos, amortiguando el impacto de las sequías estivales y garantizando un suministro estable para el consumo humano, la producción agrícola en zonas áridas y la supervivencia de la biodiversidad andina. En resumen, el ambiente periglacial es una reserva hídrica estratégica que garantiza el agua mucho después de que la nieve superficial se ha derretido.
La reforma a la ley: un cambio de paradigma en la protección
La Ley de Glaciares original, sancionada en 2010, fue pionera al incluir explícitamente al ambiente periglacial bajo su paraguas protector. Esto significaba una restricción casi total a actividades de alto impacto, como la minería a gran escala y la explotación de hidrocarburos, en estas áreas sensibles. Sin embargo, la reforma aprobada en 2026 introduce cambios sustanciales que alteran este enfoque.
El cambio más significativo es que la protección ya no es universal. Ahora se limita a aquellas áreas que demuestren tener una «función hídrica» específica y relevante, un concepto que podría dejar desprotegidas vastas extensiones. Además, la nueva normativa otorga mayor autonomía a las provincias para decidir qué zonas proteger y qué actividades permitir, lo que podría generar un mosaico de regulaciones dispares a lo largo de la cordillera. En este nuevo esquema, se habilitan proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, siempre que superen una evaluación de impacto ambiental, y el rol del prestigioso IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) pasa de ser una autoridad científica central a un ente de registro.
El agua en el centro del debate
Especialistas y organizaciones ambientales han encendido las alarmas, advirtiendo que flexibilizar la protección de estas áreas podría comprometer gravemente las reservas estratégicas de agua del país, especialmente en un escenario global de crisis hídrica y cambio climático. La degradación o destrucción de los suelos periglaciares no solo reduciría la disponibilidad de agua potable para ciudades y pueblos de Cuyo y la Patagonia, sino que también afectaría directamente a la agricultura, pilar económico de muchas de estas regiones.
El debate de fondo es el histórico dilema entre desarrollo económico y conservación ambiental. Mientras que algunos sectores argumentan que la reforma es necesaria para atraer inversiones y generar empleo en la zona andina, sus detractores sostienen que el agua es un recurso no negociable y que su preservación debe ser la máxima prioridad. La modificación de la ley no es solo un ajuste técnico; es una decisión que plantea una pregunta fundamental sobre el futuro: ¿qué valor le asignamos a nuestras fábricas naturales de agua en un planeta cada vez más sediento? La gestión de estos ecosistemas estratégicos definirá la resiliencia de Argentina frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.
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