Un informe de organizaciones ambientales revela el rol crucial de los glaciares como reservorios de agua dulce y santuarios para especies amenazadas como el huemul. Advierten sobre los riesgos de debilitar su protección legal en un escenario de cambio climático.
Frente a la imponente masa de hielo, organizaciones y ciudadanos se manifestaron contra la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno, que podría habilitar la minería en ecosistemas vitales.
Un colectivo de prestigiosos constitucionalistas y académicos envió una carta al Congreso advirtiendo que los cambios propuestos desmantelan la protección de las reservas de agua dulce del país, violan la Constitución y sientan un precedente peligroso.
Este lunes, el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una normativa vigente desde 2010 que regula la protección de estos ecosistemas estratégicos. La iniciativa, anunciada semanas atrás por el presidente Javier Milei, propone cambios que apuntan a facilitar inversiones mineras en zonas cordilleranas y, por lo tanto, abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental.
La advertencia de Greenpeace volvió a instalar el debate sobre la protección de los ecosistemas andinos y sobre la seguridad hídrica del país. La intervención realizada frente al Obelisco reunió a decenas de personas sorprendidas por una torre hecha de grandes bloques de hielo que imitaba un juego de piezas inestables y que llevaba en lo alto el mensaje “Están jugando con el agua de todos. La Ley de Glaciares no se toca”. A través de esta acción, la organización buscó alertar sobre las consecuencias ambientales que tendría flexibilizar una norma considerada estratégica para la protección del agua dulce en la Argentina.