Este lunes, el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una normativa vigente desde 2010 que regula la protección de estos ecosistemas estratégicos. La iniciativa, anunciada semanas atrás por el presidente Javier Milei, propone cambios que apuntan a facilitar inversiones mineras en zonas cordilleranas y, por lo tanto, abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental.
En primer lugar, la propuesta será tratada durante el período de sesiones extraordinarias, con la intención oficial de lograr una aprobación acelerada antes del 30 de diciembre. Sin embargo, la flexibilización de los criterios de protección incluidos en el proyecto genera preocupación en sectores ambientalistas, ya que podría reducir el alcance de la actual salvaguarda sobre los glaciares y su entorno.
El eje central de la reforma plantea limitar la protección únicamente a los glaciares que cumplan una función hídrica efectiva. En consecuencia, amplias áreas del ambiente periglacial podrían quedar excluidas de la normativa, a pesar de su importancia para la regulación del agua y el equilibrio de los ecosistemas de montaña. Desde una perspectiva ambiental, este punto resulta especialmente sensible, dado que estos espacios cumplen un rol clave en la provisión y almacenamiento de recursos hídricos.
A su vez, el Ejecutivo sostiene que la ley vigente presenta problemas de interpretación que generan inseguridad jurídica y obstaculizan inversiones productivas. No obstante, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advierten que una reducción de la protección podría incrementar el impacto de la actividad minera en zonas de cordillera, con posibles consecuencias sobre el agua y la biodiversidad.
En las últimas semanas, más de 25 organizaciones ambientales, científicas y sociales manifestaron su rechazo a la reforma y alertaron sobre los riesgos de modificar una norma considerada fundamental para la conservación de los glaciares. Desde el ámbito técnico, se remarca que no solo los glaciares visibles cumplen funciones hidrológicas, sino también aquellos asociados al ambiente periglacial, cuya degradación afectaría procesos naturales esenciales.
Por otra parte, el Gobierno presenta la iniciativa como un avance hacia un esquema de federalismo ambiental, en línea con compromisos asumidos en el Pacto de Mayo. De aprobarse el proyecto, las provincias tendrían mayor autoridad para definir qué territorios proteger, lo que trasladaría a cada gestión local la decisión sobre el equilibrio entre protección ambiental e inversiones mineras.
En este contexto, la presión del sector minero resulta un factor determinante. Las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre impulsan desde hace años cambios en la normativa para facilitar la explotación de recursos naturales. Argentina cuenta con importantes proyectos mineros en etapa de desarrollo, lo que explica el interés económico detrás de la reforma y la insistencia en avanzar con el tratamiento legislativo.
Finalmente, el debate se instala ahora en el Congreso, tras más de quince años de vigencia de la Ley de Glaciares y luego de que la Corte Suprema instara a la Nación y a las provincias a alcanzar acuerdos para su aplicación. Mientras el Ejecutivo busca acelerar el proceso para generar un clima favorable a las inversiones, las organizaciones ambientalistas reclaman un análisis profundo que priorice la protección de los glaciares y del agua como bienes estratégicos para el país.
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