La comunidad internacional se prepara para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se realizará en Niza, Francia, en junio de 2025, en un contexto marcado por la lenta ratificación del Tratado de Alta Mar, el debate sobre la minería submarina y los desafíos persistentes para la protección de la biodiversidad marina.
El futuro de los océanos atraviesa un punto de inflexión. Mientras avanzan las instancias diplomáticas, el año 2026 se perfila como un plazo decisivo para transformar los compromisos políticos en acciones vinculantes. Sin embargo, la distancia entre las aspiraciones de conservación y la realidad política actual genera incertidumbre sobre la efectividad de las medidas de protección a corto plazo.
Uno de los ejes centrales de este proceso es el Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar. Aunque su adopción en 2023 fue considerada un hito histórico, su entrada en vigor depende de la ratificación formal por parte de al menos 60 países.
Hasta el momento, el ritmo de adhesión resulta lento y genera preocupación entre especialistas. En este sentido, advierten que si no se alcanza el número requerido de ratificaciones antes de la conferencia de Niza, el objetivo de proteger el 30 por ciento de las aguas internacionales para 2030, conocido como la meta 30×30, quedaría seriamente comprometido.
En paralelo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos concentra sus debates en torno a la posible habilitación de la minería submarina. Las negociaciones, que se desarrollan en Jamaica, reflejan una creciente presión internacional frente a la eventual explotación industrial de los fondos oceánicos.
Mientras algunos países y empresas sostienen que la extracción de minerales resulta clave para la transición energética, un número cada vez mayor de Estados y organizaciones ambientalistas reclama una moratoria preventiva. El año 2026 será determinante para definir si avanzan regulaciones que habiliten la actividad extractiva o si prevalece el principio de precaución ante el riesgo de daños irreversibles en ecosistemas aún poco explorados por la ciencia.
Otro eje relevante es la negociación de un tratado global legalmente vinculante para frenar la contaminación por plásticos. En este caso, las discusiones avanzan en un escenario de tensiones entre los intereses de la industria petroquímica y las demandas de sostenibilidad ambiental.
Se prevé que los acuerdos alcanzados a finales de 2024 y durante 2025 sientan las bases de una nueva normativa que controla todo el ciclo de vida del plástico, con medidas de protección que serán operativas a partir de 2026.
En este marco, el camino hacia la Conferencia de Niza trasciende el carácter protocolar y se presenta como una carrera contra el tiempo para fortalecer la gobernanza de las aguas internacionales. Las decisiones políticas y legales que se adopten durante este período crítico serán determinantes para la protección de los océanos en la próxima década.
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