Un grupo de relatores especiales de la ONU expresó su “profunda preocupación” por la posible reforma de la Ley de Glaciares en Argentina. En una comunicación dirigida al gobierno en el marco del debate sobre la denominada Ley Ómnibus, los expertos advierten que flexibilizar la protección de estos ecosistemas críticos podría acelerar los impactos de la crisis climática y comprometer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y conservación ambiental.
Las reservas estratégicas de agua dulce
Lejos de ser meras postales de hielo, los glaciares y el ambiente periglacial que los rodea son verdaderas fábricas de vida. El organismo internacional recordó que estas formaciones actúan como fuentes esenciales de agua dulce y reguladores hídricos fundamentales para vastas regiones del país. Durante las épocas de sequía, el agua proveniente de su derretimiento estival alimenta ríos y cuencas, garantizando el suministro para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. Son, en esencia, la póliza de seguro hídrica de Argentina frente a un futuro cada vez más incierto.
La normativa actual, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para su protección, creando un inventario de estos cuerpos de hielo y prohibiendo expresamente actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos en su superficie. Modificarla, según los expertos, abriría la puerta a proyectos extractivos que hoy son inviables, poniendo en jaque la integridad de estas reservas estratégicas y amenazando la biodiversidad de la región andina.
Un retroceso legislativo con consecuencias globales
La advertencia de la ONU se centra en un concepto jurídico clave: el principio de no regresividad ambiental. Este principio, pilar del derecho ambiental moderno, establece que la protección legal del medio ambiente no debe ser disminuida. Argentina, como signataria de múltiples acuerdos internacionales, tiene la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para sus ciudadanos. Un retroceso legislativo en esta materia, como el que se propone, podría ser considerado una violación directa de dichos compromisos.
Desde organizaciones como Greenpeace, se ha hecho un llamado urgente al Congreso de la Nación para que rechace cualquier modificación que desproteja estos santuarios naturales. La ley actual no es un obstáculo para el desarrollo, sino una herramienta institucional clave para la soberanía hídrica y la adaptación al cambio climático, un desafío que trasciende fronteras y generaciones.
Las preguntas clave de Naciones Unidas
La comunicación de los relatores no se quedó en una simple advertencia, sino que solicitó al Estado argentino explicaciones concretas sobre varios puntos críticos. Pidieron información detallada sobre cómo la reforma propuesta se alinea con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, acceso al agua y lucha contra el cambio climático. Además, requirieron que se aclare qué medidas se tomarán para proteger a las comunidades de posibles vulneraciones por parte de actividades empresariales.
La ONU también puso el foco en la transparencia y la participación ciudadana, exigiendo garantías de que se respetará el acceso a la información y la participación pública efectiva, conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Escazú. En un mundo donde la responsabilidad corporativa es cada vez más relevante, la solicitud de la ONU refleja una preocupación global por asegurar que el desarrollo económico no se logre a costa de la destrucción de nuestro capital natural y la violación de los derechos fundamentales.
La mirada del mundo está puesta sobre los glaciares argentinos. La decisión que tome el país no solo definirá el futuro de sus cuencas hídricas, sino que también sentará un precedente sobre el valor que las naciones le otorgan a sus ecosistemas más frágiles en plena emergencia climática.
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