Un nuevo foco de conflicto ambiental y diplomático se ha encendido entre Argentina y el gobierno británico de las Islas Malvinas, a raíz de un ambicioso pero controvertido proyecto de instalación de granjas de salmón en el Atlántico Sur. La propuesta, impulsada por la empresa Unity Marine —una firma con capitales daneses y británicos— busca introducir la salmonicultura en las aguas cercanas a Isla Soledad, generando un fuerte rechazo por parte de ambientalistas, científicos y amplios sectores sociales en Argentina.
El plan contempla la producción inicial de 50 mil toneladas anuales de salmón, con proyecciones para escalar esa cifra hasta alcanzar las 200 mil toneladas en los próximos años. El proyecto, actualmente en fase de consulta pública hasta el mes de agosto, propone instalar al menos ocho centros de cultivo entre 3 y 7 kilómetros de la costa, con una inversión inicial estimada en 5 millones de libras esterlinas, es decir, alrededor de 6,7 millones de dólares.
Rechazo ambientalista y el ejemplo chileno
Diversas organizaciones ambientales han manifestado su rotunda oposición a la iniciativa, advirtiendo sobre los riesgos que implica la salmonicultura para los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. Grupos como Malvinas Libres de Salmón y la ONG Por el Mar han denunciado los impactos negativos que este tipo de emprendimientos ya ha causado en otras regiones del mundo, particularmente en el sur de Chile.
Catalina Cendoya, referente de Por el Mar, trazó un preocupante paralelismo con la situación chilena: “Una granja de salmón es como un feedlot acuático. Libera químicos, antibióticos, pesticidas, y genera zonas muertas por acumulación de excrementos. El modelo chileno ha devastado vastas áreas del mar y no queremos repetir ese error aquí”.
En Chile, la industria salmonera ha sido responsable de fenómenos como la marea roja, la contaminación masiva de cuerpos de agua por uso intensivo de antibióticos, la aparición de zonas muertas en los fiordos y la muerte de millones de peces. Además, se han denunciado condiciones laborales precarias que, según informes, han costado la vida de al menos 80 trabajadores entre 2013 y 2024.
Tierra del Fuego, un precedente argentino
En Argentina, la provincia de Tierra del Fuego se convirtió en pionera al prohibir por ley la salmonicultura en 2021, luego de una amplia movilización ciudadana, científica y ambiental. Esta decisión fue celebrada como un triunfo del ambientalismo y sentó un precedente importante para la conservación marina en el país.
Por esta razón, la propuesta de instalar granjas de salmón en las cercanías de las islas Malvinas ha sido vista como una amenaza directa. Los expertos alertan que las corrientes marinas podrían transportar tanto los residuos como los escapes de peces hacia el continente, poniendo en peligro la biodiversidad patagónica y generando una competencia desleal con especies nativas.
“Si hay salmones en Malvinas, terminarán llegando al continente. Son depredadores que pueden alterar para siempre el equilibrio ecológico de nuestras costas”, enfatizó Cendoya.
Reacciones dentro y fuera de las islas
Aunque el rechazo ha sido mayoritario en Argentina, el proyecto también ha generado resistencia dentro del propio archipiélago. El colectivo Salmon Free Falklands ha criticado el proceso de consulta pública, considerándolo “confuso, limitado y manipulado para favorecer el desarrollo del negocio”. Además, han convocado a un boicot activo del proceso, argumentando que los residentes no han recibido suficiente información sobre las consecuencias ambientales del proyecto.
Mientras tanto, desde Unity Marine, su director James Wallace ha defendido la iniciativa argumentando que traerá desarrollo económico, empleo y diversificación productiva a las islas. “Esta es una oportunidad para posicionar a las Malvinas como un polo acuícola de nivel internacional”, declaró en una entrevista reciente. Sin embargo, los críticos insisten en que ese crecimiento económico no justifica los riesgos ecológicos y sociales que conlleva.
Una cuestión de soberanía
Más allá del debate ambiental, el proyecto ha reavivado tensiones geopolíticas en torno a la soberanía de las islas. Desde diversos sectores políticos y sociales en Argentina, la iniciativa ha sido calificada como un acto de “apropiación de recursos naturales en territorio en disputa”. Medios como Prensa Obrera han denunciado el proyecto como parte de un “saqueo imperialista” que busca explotar los bienes comunes del Atlántico Sur en beneficio del Reino Unido.
Este nuevo capítulo se suma a la larga disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, que Argentina reclama desde hace más de un siglo. La presencia de recursos naturales —como el petróleo, la pesca y ahora potencialmente el salmón— convierte al archipiélago en un punto geoestratégico de alto interés económico, lo cual complejiza aún más el conflicto.
Una encrucijada para el futuro patagónico
La región patagónica se encuentra en una encrucijada. La implementación de este proyecto podría sentar un precedente peligroso para otras actividades industriales en el mar austral. Al mismo tiempo, abre un debate profundo sobre el modelo de desarrollo, los límites de la explotación de la naturaleza y el papel de la soberanía en la gestión de los recursos marinos.
En palabras de Cendoya, “la salmonicultura no es progreso. Es una amenaza ambiental con consecuencias irreversibles. Lo que está en juego es el futuro de nuestros mares, nuestras comunidades y nuestra independencia”.
Argentina, así, enfrenta un nuevo desafío que entrelaza cuestiones ecológicas, económicas y diplomáticas, y que requiere una respuesta firme y consensuada para defender tanto la salud del ecosistema marino como su legítimo reclamo sobre el territorio patagónico.
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