En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, Argentina se prepara para ser escenario de un hecho clave en la lucha contra la crisis ecológica global. El próximo miércoles, el Congreso de la Nación será sede de un evento público que busca visibilizar la urgente necesidad de incorporar el crimen de ecocidio en la legislación penal del país. Organizaciones ambientales, referentes internacionales y legisladores nacionales convergerán para exigir que la destrucción ambiental deje de ser una consecuencia impune y pase a ser considerada un delito gravísimo.
Durante la jornada, se entregarán formalmente a la diputada Margarita Stolbizer las miles de firmas ciudadanas reunidas a través de la petición “Argentina necesita una Ley de Ecocidio: ¡Que la destrucción ambiental sea un delito!”, impulsada por distintas organizaciones y plataformas de incidencia ambiental. Este acto simbólico busca materializar la voluntad popular que exige que se tomen medidas legales concretas ante los crímenes ambientales que afectan a ecosistemas enteros y a comunidades vulnerables.
El concepto de ecocidio: un delito contra la naturaleza y la humanidad
El ecocidio es definido como el daño grave y generalizado o la destrucción de ecosistemas naturales, cometido con conocimiento de su impacto. En los últimos años, distintas iniciativas a nivel internacional han promovido su inclusión como un crimen internacional junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El objetivo de tipificar el ecocidio es crear una herramienta legal eficaz para responsabilizar penalmente a quienes toman decisiones que derivan en la destrucción deliberada o negligente del ambiente. Se trata de una figura que podría aplicarse tanto a empresas como a funcionarios que, por acción u omisión, provocan daños irreversibles.
Argentina en el contexto regional e internacional
Argentina aún no ha tipificado el ecocidio en su Código Penal, aunque existe una creciente demanda de sectores sociales y políticos por avanzar en esa dirección. En contraste, países como Bélgica, Francia y recientemente Países Bajos han dado pasos firmes hacia la criminalización del ecocidio.
En el evento del 5 de junio se destacará la experiencia de Bélgica, donde el Congreso aprobó una reforma que incluye el ecocidio como delito penal. Para ello, estará presente Patricia Willocq, directora de la organización Stop Ecocidio para los países francófonos, quien participó directamente del proceso legislativo belga. Su presencia representa una oportunidad para que legisladores argentinos conozcan de primera mano los desafíos y oportunidades que implica incorporar esta figura legal.
Una demanda ciudadana en crecimiento
La petición que se entregará en el Congreso cuenta con el respaldo de decenas de miles de firmas recolectadas en plataformas digitales y en eventos presenciales a lo largo del país. Esta campaña forma parte de una tendencia global que busca transformar el derecho penal internacional para enfrentar los crímenes ambientales con el mismo nivel de gravedad que otros delitos contra la humanidad.
Los impulsores de la iniciativa señalan que el actual marco normativo ambiental argentino, si bien contempla sanciones administrativas y civiles, no resulta suficiente para prevenir ni reparar los daños de gran escala. Los casos de deforestación masiva, contaminación de cuencas hídricas, incendios forestales provocados y vertidos tóxicos, son ejemplos reiterados que en muchos casos quedan impunes o reciben penas menores.
El rol del Congreso y la posibilidad de un cambio histórico
La diputada Margarita Stolbizer, quien recibirá las firmas, ha mostrado interés en analizar el proyecto junto a otros legisladores que ya vienen trabajando iniciativas similares. Se espera que el evento del 5 de junio sirva como impulso político para que el debate sobre el ecocidio ingrese formalmente a la agenda parlamentaria.
El respaldo de expertos jurídicos y ambientales será clave. De hecho, se ha conformado un grupo de trabajo que reúné juristas, científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de redactar un anteproyecto de ley acorde a los estándares internacionales y adaptado al contexto nacional.
Ecocidio: un concepto con historia y proyección de futuro
Aunque el término «ecocidio» fue acuñado en la década de 1970, su impulso en el derecho internacional se revitalizó en la última década, particularmente a partir de los informes del Panel Internacional Independiente de Expertos Legales sobre Ecocidio, convocado por la fundación Stop Ecocide International. En 2021, este panel propuso una definición legal clara, pensada para ser incorporada al Estatuto de Roma.
Según esa definición, el ecocidio es «un acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daño grave y generalizado o duradero al medio ambiente». Esta formulación permite abarcar un amplio espectro de conductas, desde actividades extractivas descontroladas hasta proyectos industriales peligrosos.
El ecocidio y su relación con otros derechos
Uno de los argumentos más potentes a favor de la criminalización del ecocidio es su conexión directa con derechos humanos fundamentales. La degradación ambiental compromete el derecho a la vida, a la salud, al agua potable, a la alimentación y a un ambiente sano. Además, afecta de manera desproporcionada a pueblos originarios, comunidades rurales y niños, quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En este sentido, el reconocimiento del ecocidio como delito penal también implica una perspectiva de justicia ambiental y de equidad social. La ley permitiría proteger no solo al ambiente como bien jurídico, sino también a las personas que dependen directamente de él para su supervivencia y bienestar.
El rol de las organizaciones ambientales
Numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas EcoHouse, Greenpeace, Círculo de Políticas Ambientales, y la red de Escuelas de Fiscales Ambientales, han manifestado su apoyo a la iniciativa. Estas entidades cumplen un papel clave en la sensibilización de la opinión pública, la generación de conocimiento y el monitoreo de políticas públicas.
Durante el evento se realizarán paneles de debate, exposiciones de casos de ecocidio y presentaciones de propuestas legales. También se espera la participación de representantes de pueblos originarios, quienes expondrán sobre el impacto de la destrucción ambiental en sus territorios ancestrales.
Un llamado a la acción colectiva
El evento del 5 de junio no solo tiene una dimensión institucional, sino también ciudadana y cultural. Convoca a personas comunes, estudiantes, profesionales, científicos y artistas a sumarse a una causa que interpela el modelo de desarrollo actual y exige una transformación profunda.
A través de talleres, actividades culturales y expresiones artísticas, se buscará crear conciencia sobre la urgencia de detener la destrucción ambiental y exigir responsabilidades penales. El mensaje es claro: sin justicia ambiental, no hay futuro.
Hacia una legislación que defienda la vida
Argentina tiene ante sí la posibilidad histórica de sumarse a una corriente mundial que reconoce que la destrucción ambiental no puede seguir siendo un daño colateral del crecimiento económico, sino que debe ser tratada como un crimen. El ecocidio, en tanto figura penal, permite trazar un límite ético y jurídico a las prácticas que amenazan la vida en el planeta.
La incorporación del ecocidio al Código Penal sería un paso fundamental hacia un nuevo paradigma de justicia ambiental, donde la naturaleza tenga voz y donde quienes la destruyen rindan cuentas ante la ley. El evento del 5 de junio es el punto de partida para ese cambio necesario y urgente.
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