En una sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó una controvertida reforma a la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país. Con el respaldo de una amplia alianza política, el oficialismo logró sancionar un nuevo texto que, según sus defensores, compatibiliza la protección ambiental con el desarrollo económico, pero que para sus críticos representa un retroceso peligroso y una amenaza directa a ecosistemas vitales.
Una votación nocturna y una estrategia de silencio
La aprobación se consolidó con 137 votos a favor frente a 111 en contra, gracias a la unión de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y diversos bloques provinciales. La jornada estuvo marcada por una táctica inusual del oficialismo: la «estrategia del silencio». Con los votos asegurados, los legisladores de LLA optaron por no intervenir en el debate para acelerar el proceso. «Están los votos, que se queden con los discursos», fue el mensaje que circuló desde el bloque libertario, priorizando el resultado final sobre la confrontación retórica.
La confianza del Gobierno en la victoria fue tal que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se hizo presente en un palco para supervisar el tramo final de la votación. Mientras tanto, los intentos de la oposición, liderados por Unión por la Patria y la izquierda, de introducir otros temas en la agenda fueron sistemáticamente rechazados, enfocando toda la atención en la modificación del régimen de protección de glaciares.
¿Desarrollo sostenible o regresión ambiental?
El debate de fondo expuso dos visiones antagónicas sobre el futuro de los recursos naturales del país. Desde el oficialismo, el diputado sanjuanino José Peluc defendió la reforma argumentando que la oposición realizaba una «lectura sesgada» de la norma. En la misma línea, Nicolás Mayoraz sostuvo que el proyecto demuestra que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son compatibles, y que la nueva ley es una herramienta para impulsar las economías regionales, especialmente las vinculadas a la minería.
Sin embargo, las críticas desde la oposición fueron contundentes y alertaron sobre las consecuencias irreversibles del cambio. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma como «regresiva e inconstitucional», y lanzó una grave denuncia al afirmar que el texto fue redactado por las propias empresas mineras. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto defendió la ley original de 2010, advirtiendo que la modificación busca deliberadamente debilitar al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), el organismo científico encargado de inventariar y proteger los glaciares.
El diputado Juan Grabois fue aún más lejos, calificando la iniciativa como una «ley envenenada». Alertó sobre los riesgos de permitir la actividad minera en zonas periglaciares, lo que podría derivar en la contaminación de cuencas hídricas que abastecen a millones de personas. La aprobación final, lograda sin el debate profundo de los bloques mayoritarios que apoyaron la medida, deja un manto de incertidumbre sobre el futuro de estos gigantes de hielo, cruciales para el equilibrio hídrico y la vida en vastas regiones de Argentina.
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