Brasil puso el financiamiento forestal en el centro de su agenda durante la COP31, que se desarrolla en Antalya, Turquía, y reclamó recursos para proteger la Amazonía y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan la región. El planteo sostiene que la conservación de los bosques tropicales requiere inversiones y políticas que atiendan también las necesidades sociales de sus poblaciones.
El posicionamiento fue presentado en nombre del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joao Paulo Capobianco, quien identificó tres obstáculos principales para preservar estos ecosistemas, la pobreza, la falta de recursos adecuados y la ausencia de un liderazgo político firme.
Según el funcionario, las dificultades económicas de las comunidades pueden incrementar la dependencia de prácticas que ejercen presión sobre los recursos naturales. Por eso, sostuvo que las estrategias de conservación deben contemplar tanto la protección ambiental como el acceso a mejores condiciones de vida.
El Fondo Bosques Tropicales para Siempre y su financiamiento
En este contexto, Brasil presentó el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), una iniciativa que, según el material difundido, movilizó 7.800 millones de dólares con el respaldo de 66 países y la Unión Europea.
El mecanismo busca promover la cooperación internacional y atraer recursos para la conservación de los bosques tropicales. Sin embargo, uno de los desafíos planteados es garantizar que los fondos se administren de manera transparente y que sus beneficios alcancen efectivamente a las comunidades locales.
Brasil también destacó la dimensión social de la Amazonía, donde viven más de 50 millones de personas. En ese sentido, planteó que las políticas ambientales deben contemplar necesidades básicas como vivienda, educación y salud, además de incorporar el desarrollo económico sostenible y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.
Otro de los puntos señalados fue la necesidad de asegurar una participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios, con mecanismos que permitan verificar la distribución de los beneficios. El planteo advierte que la financiación perdería legitimidad si sus resultados favorecieran únicamente a los inversores y no a quienes habitan y protegen los bosques.
Deforestación y reducción de emisiones
Entre los objetivos ambientales de Brasil también figura detener la deforestación antes de 2030, mediante la restauración de la vegetación nativa y el impulso de modelos de producción sostenible.
Capobianco, además, advirtió que el financiamiento destinado a la conservación debe acompañarse de una reducción de las emisiones globales y de la dependencia de los combustibles fósiles. En esa línea, sostuvo que invertir en la recuperación de los bosques sin abordar las causas del calentamiento global resulta insuficiente para proteger los ecosistemas.
De acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) citados en el material, entre 2015 y 2025 la deforestación mundial alcanzó un promedio de 10,9 millones de hectáreas por año. Aunque el ritmo disminuyó, la pérdida de superficie forestal continúa siendo un problema.
En este escenario, el planteo brasileño apunta a que los resultados del financiamiento forestal se midan no solo por los recursos movilizados, sino también por la superficie conservada y la protección efectiva de los derechos de las comunidades que dependen de estos territorios.
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