La activista sueca Greta Thunberg cuestionó este jueves en la COP31, que se desarrolla en Antalya, Turquía, la relación entre la industria de los combustibles fósiles y las guerras. Durante una conferencia de prensa, reclamó medidas frente a lo que calificó como «genocidio» y «ecocidio» y advirtió sobre las consecuencias de la crisis climática para las poblaciones y los ecosistemas.
La activista, de 23 años, sostuvo que la crisis climática ya tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas y cuestionó la distancia entre las decisiones de los dirigentes políticos y la situación que atraviesan las comunidades afectadas.
«La crisis climática es una crisis de injusticia, en la que los menos responsables reciben los golpes más duros y más rápidos», afirmó. Además, advirtió que el avance de esta problemática compromete derechos fundamentales y puede convertir las necesidades básicas en un lujo.
Durante su intervención, Thunberg también señaló que la pérdida de vidas humanas, ecosistemas y especies es una consecuencia que no puede revertirse y cuestionó a quienes, según expresó, tienen responsabilidades en la crisis y al mismo tiempo se presentan como parte de su solución.
El reclamo de un embargo energético contra Israel
En particular, la activista pidió que Turquía impulse un embargo energético contra Israel. Su planteo se centró en las exportaciones de petróleo que atraviesan el oleoducto que transporta crudo iraquí hasta el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo.
Según sostuvo, ese suministro energético contribuye directamente al genocidio en Palestina.
Thunberg estuvo acompañada por otros cuatro activistas de Gaza, Australia, Nepal y Canadá, quienes también expusieron sus denuncias durante la conferencia de prensa y vincularon sus reclamos con los conflictos ambientales, sociales y políticos de sus respectivos territorios.
El académico gazatí Mohammed Usrof, radicado en Londres, transmitió un llamado de los sindicatos palestinos dirigido a trabajadores de distintos países para que se nieguen a manipular suministros de armas y energía que, según denunció, alimentan las acciones militares de Israel.
Denuncias por desastres climáticos y explotación de recursos
Por su parte, el diputado nepalí Sagar Dhakal recordó las graves inundaciones registradas en agosto pasado en Nepal, que dejaron más de 7.000 víctimas. En ese contexto, reclamó mejores sistemas de alerta temprana y mayores recursos para implementar medidas de prevención frente a las amenazas detectadas.
A su vez, la activista australiana Rikki Dank, defensora de los pueblos indígenas, cuestionó la política energética de su país. Señaló que, mientras Australia comparte con Turquía la presidencia de la COP31, su Gobierno permite proyectos de extracción de gas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking.
Finalmente, la canadiense Celine Isimbi, hija de refugiados de origen ruandés-congoleño, denunció la explotación persistente de los recursos minerales africanos por parte de grandes conglomerados empresariales.
Las intervenciones expusieron distintos cuestionamientos sobre el vínculo entre las actividades económicas, los conflictos armados, la explotación de recursos naturales y las consecuencias ambientales y sociales, en el marco de las discusiones internacionales de la COP31.
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