Un colectivo de más de 30 organizaciones sociales y ambientales ha encendido las alarmas sobre la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional. A través de un minucioso análisis artículo por artículo, difundido por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), concluyeron que el proyecto no solo es “ilegal e inconstitucional”, sino que representa un grave retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país para beneficiar directamente al sector minero.
Un «feudalismo administrativo» que amenaza las reservas de agua
El principal cuestionamiento de las ONG apunta al corazón del sistema de protección ambiental argentino. La reforma propuesta, según el informe, desmantela el esquema de “presupuestos mínimos” consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este sistema garantiza un piso de protección ambiental uniforme en todo el territorio, que las provincias pueden ampliar pero nunca disminuir. Al eliminar esta base común, el proyecto instaura lo que los expertos denominan un “feudalismo administrativo”, donde cada provincia tendría la potestad de decidir qué glaciares proteger y cuáles sacrificar, fragmentando la política ambiental del país.
Esta modificación viola directamente el principio de no regresión, un pilar del derecho ambiental moderno ratificado por Argentina en el Acuerdo de Escazú. Este principio prohíbe explícitamente que una nueva norma retroceda en los estándares de protección ya alcanzados. Al debilitar la ley vigente, la reforma contraviene no solo la Constitución, sino también tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a un ambiente sano.
La letra chica: cómo la reforma desprotege a los glaciares
El análisis técnico revela cambios específicos que vacían de contenido a la ley actual. Uno de los puntos más críticos es la redefinición del objeto de protección. Los glaciares dejarían de ser considerados bienes públicos con tutela especial para convertirse en recursos sujetos al criterio provincial. El Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta científica clave elaborada por el IANIGLA, perdería su alcance al limitarse solo a los cuerpos de hielo que cada provincia considere como “reserva estratégica hídrica”.
Además, se invierte el fundamental principio precautorio. En lugar de proteger preventivamente todas estas áreas ante la duda, la reforma las deja desprotegidas hasta que una provincia decida activamente si cumplen o no una función hídrica relevante. Esto, advierten, es una puerta abierta para que las provincias puedan ordenar al IANIGLA la eliminación de glaciares del inventario sin un criterio científico unificado, ignorando la importancia vital de pequeños cuerpos de hielo para las microcuencas locales.
Quizás el cambio más explícito en favor de la industria extractiva es la eliminación de la prohibición absoluta de actividades que puedan dañar los glaciares. Esta prohibición sería reemplazada por un sistema de autorizaciones provinciales. El documento señala que esto beneficiaría directamente a megaproyectos mineros como Josemaría, Los Azules y El Pachón, ubicados en zonas con presencia de glaciares de escombro que hoy se encuentran protegidos.
Una decisión injustificada en plena crisis climática
En un contexto global de crisis climática y retroceso acelerado de los glaciares, las organizaciones firmantes consideran que la reforma es científicamente injustificada. Lejos de ser un obstáculo para el desarrollo, la Ley de Glaciares actual, ratificada por la Corte Suprema en 2019, no lo prohíbe, sino que lo ordena. Establece límites claros y razonables para asegurar que ninguna actividad económica avance sobre las fuentes de agua congelada que son vitales para el futuro de vastas regiones del país.
El documento concluye que debilitar esta protección acarrearía impactos ambientales, económicos y sociales de carácter irreversible. La discusión, por tanto, trasciende lo legal: se trata de una decisión estratégica sobre qué futuro se quiere construir y cómo se gestionarán los recursos más valiosos en un planeta que se calienta.
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