La propuesta busca incorporar el delito de ecocidio en las legislaciones de América Latina y establece penas de prisión de ocho a 20 años para quienes causen daños ambientales graves, extensos o duraderos. El documento está integrado por 18 artículos y fue elaborado a partir de un proceso de consultas con comunidades, organizaciones y especialistas de distintos países.
Una propuesta adaptada a la realidad latinoamericana
La iniciativa fue presentada el jueves 1 de octubre de 2026 y apunta a establecer herramientas legales para sancionar los daños ambientales de mayor gravedad. Según el texto, será sancionada con prisión de ocho a 20 años la persona que, mediante una acción u omisión, cause un daño grave que sea extenso o duradero al ambiente.
Durante una reunión virtual con la prensa, Gustavo Alanís, fundador y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que, si bien existen iniciativas internacionales para incorporar el ecocidio al derecho penal, es necesario adecuarlas a las particularidades de América Latina.
En ese sentido, mencionó los desafíos que representan la violencia contra los defensores ambientales, la corrupción y los altos niveles de impunidad en distintos países de la región.
Por su parte, Lina Muñoz, abogada colombiana y representante de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, señaló que la propuesta se presenta en un contexto de intentos por flexibilizar las normas y los controles ambientales. También advirtió sobre el avance de posiciones negacionistas frente al cambio climático y de iniciativas extractivistas.
Para Muñoz, la tipificación del ecocidio puede contribuir a fortalecer la protección ambiental, generar conciencia y ampliar el debate sobre estos delitos en los territorios.
El origen del concepto y su desarrollo internacional
Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocidio Américas y exdirector de la Fundación Baltasar Garzón, calificó la presentación como un hito para la región. Además, recordó que el concepto de ecocidio surgió durante la guerra de Vietnam.
En 2021, un panel de expertos independientes propuso incorporar este delito al Estatuto de Roma como un quinto crimen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Lledó aclaró que la iniciativa no busca impedir la actividad empresarial, sino establecer responsabilidades ante la destrucción ambiental extensa o duradera. En esa línea, sostuvo que la generación de empleo o la realización de negocios no deben justificar daños graves a la naturaleza.
Cómo se elaboró la ley modelo
La redacción del documento se desarrolló en tres etapas. En primer lugar, se realizó una consulta pública en la que participaron 240 personas, entre ellas integrantes de comunidades indígenas, estudiantes y representantes de organizaciones.
Posteriormente, se llevaron adelante rondas virtuales con 74 especialistas de distintos países. Finalmente, un panel de redacción se reunió en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México para trabajar sobre el texto definitivo.
El proceso buscó incorporar perspectivas jurídicas, científicas y comunitarias para elaborar una propuesta que pueda servir de referencia a los países latinoamericanos.
Qué sanciones y responsabilidades contempla
Entre los principales puntos, la ley modelo define el ecocidio como un delito de resultado y de peligro. También contempla la modalidad culposa, es decir, aquella que puede configurarse sin intención de causar el daño, una alternativa que Lledó consideró más sencilla de probar en tiempos de paz.
Además, establece que la obtención fraudulenta o corrupta de una autorización no eximiría de responsabilidad a una empresa.
El documento incorpora otras medidas para sancionar estas conductas y evitar que sus responsables obtengan beneficios. Entre ellas se encuentran las siguientes.
- El decomiso de las ganancias obtenidas mediante el delito.
- La prohibición de contratar con el Estado y participar en licitaciones públicas.
- La responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas, incluida la posibilidad de atribuir responsabilidad personal a directores ejecutivos.
- La jurisdicción universal, la imprescriptibilidad del delito y la prohibición de amnistías.
- La acción popular, que permitiría a cualquier persona presentar una denuncia.
- La protección de las prácticas ancestrales de las comunidades tradicionales.
La propuesta también contempla como agravante las amenazas contra denunciantes y defensores del ambiente, en línea con los objetivos de protección establecidos en el Acuerdo de Escazú.
La relación con el Acuerdo de Escazú y los derechos de la naturaleza
La iniciativa busca complementar otros instrumentos de protección ambiental vigentes en la región. Entre ellos se encuentra el Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018, que establece garantías para el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, además de obligaciones vinculadas con la protección de quienes defienden el ambiente.
Asimismo, la ley modelo se articula con el enfoque de los derechos de la naturaleza, que plantea herramientas jurídicas para ampliar su protección.
Alanís reconoció que la aplicación efectiva de las normas ambientales enfrenta dificultades vinculadas con las presiones económicas y políticas. Por eso, sostuvo que la incorporación del ecocidio al derecho penal debe acompañarse con el fortalecimiento de las fiscalías y el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención y control.
El documento propone un plazo de dos años desde su aprobación para que las empresas, los Estados y las fiscalías puedan adecuarse a sus disposiciones.
Los próximos pasos para su implementación
Muñoz destacó que el proceso de elaboración también permitió vincular el derecho ambiental y penal con los conocimientos científicos y las experiencias de las comunidades.
En esa línea, la propuesta contempla asistencia jurídica, acompañamiento, traducción y participación de las universidades en la obtención de pruebas. El objetivo es facilitar el acceso a la justicia de las personas que denuncian daños ambientales y defienden sus territorios.
Tras la presentación, las organizaciones civiles prevén impulsar el debate de la ley modelo ante legisladores y gobiernos de cada país. Además, el mismo 1 de octubre una delegación presentó la iniciativa ante una comisión del Congreso de México.
La propuesta constituye un texto de referencia para promover cambios legislativos en América Latina. Su eventual incorporación dependerá de los procesos de discusión y aprobación que se desarrollen en cada país.
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