La Justicia Federal de Formosa dispuso el cese de los arrestos domiciliarios de tres hombres condenados por matar, faenar y consumir un ejemplar de yaguareté, en un caso que se convirtió en un antecedente para la protección de la fauna silvestre en Argentina.
La medida fue adoptada el 2 de septiembre por el Tribunal Oral Federal de Formosa, que consideró cumplidos los dos años de prisión impuestos a Claudio Hugo Cisneros, Walter Hugo Ponce de León y Viterman Ponce de León.
Además, el juez de ejecución Rubén David Oscar Quiñones ordenó retirar los dispositivos de monitoreo electrónico que utilizaban los tres condenados. No obstante, el cumplimiento de la pena de prisión no implica el cierre de las restantes obligaciones establecidas por la Justicia.
El caso ocurrió en Estanislao del Campo
El hecho ocurrió en julio de 2024, en un establecimiento rural de Estanislao del Campo, Formosa. Los involucrados fueron llevados a juicio luego de matar y faenar un ejemplar de yaguareté.
El caso tomó trascendencia pública después de que circularan imágenes del animal muerto y de los acusados junto al cuerpo. Durante el proceso judicial, los imputados argumentaron que habían actuado por temor y en legítima defensa, además de expresar arrepentimiento por lo sucedido.
La causa terminó con condenas para Claudio Hugo Cisneros, Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León y Máximo Cisneros, propietario del establecimiento donde ocurrió el episodio.
Los tres primeros permanecían bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2024. En tanto, Máximo Cisneros recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.
La Justicia también mantuvo las medidas vinculadas con la reparación del daño ambiental.
Una sanción económica destinada a conservar al yaguareté
La Cámara Federal de Resistencia estableció que cada uno de los condenados debe pagar $5 millones destinados al Programa de Conservación del Yaguareté.
De esta manera, la resolución judicial incorporó una obligación económica vinculada directamente con la conservación de la especie y la reparación del impacto provocado por la muerte del ejemplar.
El caso adquiere especial relevancia debido a la situación del yaguareté en Argentina. La población nacional se estima en alrededor de 250 ejemplares, distribuidos principalmente en regiones donde todavía existen ambientes naturales adecuados para su supervivencia.
En poblaciones reducidas, la pérdida de un individuo puede tener consecuencias relevantes, debido a su participación en la reproducción y en el mantenimiento de la diversidad genética.
Protección legal del yaguareté
En Argentina, el yaguareté se encuentra protegido por la normativa nacional de conservación de fauna y está categorizado como especie en peligro crítico. La legislación establece restricciones para su caza, captura y comercialización.
En Formosa, la protección fue reforzada mediante la Ley 1.673, sancionada en 2018, que declaró al yaguareté Monumento Natural Provincial. Esta figura establece una protección especial para la especie, considerada parte del patrimonio natural.
A su vez, la participación de organismos como Parques Nacionales, la provincia de Formosa y entidades especializadas en conservación refleja la necesidad de coordinar acciones para combatir la caza furtiva y proteger los ambientes donde habita el felino.
Un antecedente para la conservación de la especie
El caso fue considerado un antecedente relevante debido a que constituyó la primera condena penal en Argentina por la caza de un yaguareté que llegó a juicio y terminó con una sanción.
Sin embargo, otro episodio ocurrido en Formosa volvió a poner en evidencia la problemática. Carlos Chagra recibió tres años de prisión en suspenso por matar un ejemplar de yaguareté en Clorinda, en diciembre de 2022.
La conservación de la especie requiere, además de sancionar la caza ilegal, proteger los bosques y corredores naturales, garantizar la disponibilidad de presas y fortalecer los controles. También resulta necesario promover medidas que permitan reducir los conflictos entre las comunidades y la fauna silvestre.
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