Más de mil académicos y científicos de distintas provincias expresaron su preocupación por el proyecto denominado Súper RIGI, que ya obtuvo aprobación preliminar en la Cámara de Diputados y se encuentra en análisis en el Senado. Los especialistas advierten sobre posibles consecuencias fiscales, ambientales y regulatorias asociadas al régimen propuesto.
Críticas al régimen de incentivos
A través de una carta abierta dirigida a los senadores, los firmantes cuestionaron los beneficios contemplados para grandes empresas tecnológicas. Según plantearon, la iniciativa establece ventajas fiscales, estabilidad regulatoria durante períodos prolongados y mecanismos de protección jurídica, sin fijar compromisos claros en materia de generación de empleo local o desarrollo tecnológico nacional.
Los académicos sostienen que el proyecto excede la creación de un esquema de incentivos para atraer inversiones y que podría limitar la capacidad del Estado para regular sectores considerados estratégicos durante varias décadas.
Además, expresaron preocupación por la posible articulación de este régimen con otro proyecto que propone otorgar personalidad jurídica a entidades dirigidas por inteligencia artificial. En ese sentido, señalaron que ambos marcos podrían generar condiciones especialmente favorables para grandes compañías del sector tecnológico.
La apuesta del Gobierno por las inversiones tecnológicas
El Gobierno de Javier Milei presenta el proyecto como una herramienta para posicionar a la Argentina como un polo regional de inversiones tecnológicas y desarrollo de inteligencia artificial.
La iniciativa contempla beneficios fiscales y estabilidad regulatoria por un período de hasta 30 años, con el objetivo de atraer inversiones que podrían superar los US$ 1.000 millones.
Sin embargo, los científicos consideran necesario evaluar los costos que este modelo podría generar para el Estado y para el desarrollo de políticas públicas a largo plazo. En particular, plantean la necesidad de analizar qué beneficios concretos recibiría el país en términos de empleo, innovación y desarrollo tecnológico.
La preocupación por el impacto ambiental
Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con el impacto ambiental que podrían generar las grandes infraestructuras destinadas a actividades tecnológicas.
Los académicos advierten que los centros de datos y otras instalaciones vinculadas con la inteligencia artificial requieren un elevado consumo de electricidad y agua. Por este motivo, sostienen que el crecimiento de este tipo de infraestructura debe ser evaluado teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos naturales y el contexto de crisis climática.
La preocupación se centra, además, en la necesidad de establecer criterios que permitan compatibilizar la llegada de nuevas inversiones con la protección de los recursos y las capacidades del Estado para regular su utilización.
Reclamo por el sistema científico
La carta también cuestiona el desfinanciamiento del CONICET y la reducción de recursos destinados a las universidades. De acuerdo con los firmantes, estas políticas afectan la capacidad del sistema científico y académico argentino para desarrollar conocimiento y construir una estrategia tecnológica propia.
En este contexto, los investigadores sostienen que la incorporación de tecnología y la llegada de inversiones no deberían implicar una pérdida de capacidad regulatoria ni un debilitamiento de las instituciones científicas nacionales.
Finalmente, los más de mil firmantes solicitaron al Senado que analice las posibles consecuencias del proyecto sobre el empleo, los recursos naturales, las finanzas públicas y la capacidad del Estado para establecer políticas de largo plazo.
El planteo central es que la Argentina necesita inversiones y desarrollo tecnológico, pero que estos objetivos deben avanzar junto con condiciones que permitan preservar las capacidades regulatorias, científicas y ambientales del país.
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