viernes, octubre 23, 2026
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Brasil suspendió el permiso ambiental de una mina de oro en la Amazonía

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió el permiso de instalación del proyecto minero Volta Grande, impulsado por la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp. en el estado de Pará. La decisión responde a cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales y las garantías de consulta a las comunidades indígenas afectadas.

El fallo fue emitido por el presidente del tribunal, Edson Fachin, y se conoció el martes 20 de octubre. La resolución representa un revés para la iniciativa, que prevé desarrollar una mina de oro a cielo abierto en las inmediaciones del río Xingu, una zona que ya experimentó cambios ambientales asociados con la represa hidroeléctrica de Belo Monte.

El impacto sobre el río Xingu y las comunidades indígenas

El proyecto está previsto en un sector del río Xingu, uno de los principales afluentes del Amazonas. La construcción de la represa de Belo Monte modificó el caudal natural del río y afectó las poblaciones de peces y a las comunidades que dependen de sus recursos.

En ese contexto, organizaciones ambientalistas advierten que una explotación minera de gran escala podría aumentar la presión sobre los ecosistemas y los medios de vida de los pueblos indígenas.

Sol Juruna, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas del Medio Xingu, señaló que las comunidades ubicadas río abajo de Belo Monte ya enfrentan una reducción del caudal y una menor disponibilidad de peces. Además, expresó su preocupación por los riesgos asociados con un dique destinado a almacenar residuos mineros cerca del río.

La dirigente advirtió que incluso una contaminación de pequeña magnitud podría comprometer los recursos de los que dependen las comunidades.

Las dimensiones de la explotación y los riesgos de los residuos

Según un estudio de viabilidad de 2015, Belo Sun proyectaba extraer 3,52 millones de onzas de oro durante un período de 17 años. Para desarrollar la actividad, la empresa preveía excavar más de 600 millones de toneladas de material en una superficie de 24 kilómetros cuadrados.

A su vez, una evaluación independiente publicada en 2021 planteó preocupaciones por la represa prevista para contener unos 35 millones de metros cúbicos de residuos mineros y agua. Los investigadores advirtieron que una eventual falla podría liberar desechos con sustancias tóxicas, entre ellas arsénico y mercurio, y afectar a comunidades indígenas situadas a más de 40 kilómetros río abajo.

Los cuestionamientos sobre la consulta indígena

La decisión judicial se produjo después de varios años de controversias en torno a la autorización ambiental del proyecto. En febrero, un tribunal inferior había restablecido el permiso, mientras que la empresa informó a sus inversores que la licencia permanecería vigente hasta 2029.

Sin embargo, la agencia indígena FUNAI identificó deficiencias en los estudios sobre los impactos de la mina en las comunidades indígenas, incluidas aquellas que viven fuera de territorios formalmente demarcados. También cuestionó la evaluación de los efectos acumulativos de la explotación minera y la represa de Belo Monte.

Ana Alfinito, asesora legal de Amazon Watch, sostuvo que las medidas de protección deben contemplar a todas las comunidades indígenas afectadas, independientemente de que sus territorios estén demarcados oficialmente.

Por su parte, las comunidades Juruna y Arara denunciaron que no fueron consultadas de manera adecuada, un planteo que Belo Sun rechaza. La legislación brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconocen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados.

La suspensión es provisional y el conflicto continúa

La Alianza por la Volta Grande do Xingu, una coalición contraria al proyecto, celebró la decisión del Supremo Tribunal Federal. No obstante, la suspensión tiene carácter provisional y el caso continuará sujeto a procedimientos judiciales, entre ellos la posibilidad de un acuerdo ante un tribunal federal.

Para las comunidades opositoras, el fallo representa un alivio, aunque no resuelve el conflicto. Sol Juruna afirmó que seguirán reclamando que la empresa abandone la zona del Xingu.

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