La Comisión Europea propuso miércoles extender por 12 meses la implementación de la ley de la Unión Europea destinada a evitar que los productos consumidos en el bloque generen deforestación, que debía entrar en vigor en enero de 2025. La propuesta fue duramente criticada por organizaciones ecologistas y sectores políticos, quienes cuestionaron el cambio de postura del Ejecutivo.
La ley, aprobada en 2023, establece que a partir de diciembre de 2024 las empresas importadoras deberán demostrar, mediante un sistema de geolocalización, que las materias primas como ganado, cacao, café, aceite de palma, soja, madera y sus derivados no contributeron a la deforestación. Sin embargo, la Comisión propuso un «período adicional de adaptación» de 12 meses, respondiendo a las presiones de diversos países y sectores industriales.
Virginijus Sinkevicius, excomisario de Medioambiente y actual diputado ecologista, fue uno de los primeros en reaccionar. A través de la red social X, manifestó que «retrasar la regulación sobre deforestación es un paso atrás en la lucha contra el cambio climático (…). Pone en riesgo 80.000 acres de bosque diariamente y alimenta el 15 % de las emisiones globales de carbono».
Las organizaciones ecologistas también alzaron su voz. WWF, en palabras de Anke Schulmeister-Oldenhove, criticó la propuesta, asegurando que «genera serias dudas sobre el compromiso de la presidenta de la Comisión con las promesas ambientales de la UE». Greenpeace, por su parte, fue más dura, señalando que Von der Leyen «ha condenado los bosques del mundo a otro año de destrucción como resultado del consumo europeo».
El retraso también generó malestar en el Parlamento Europeo. El eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange calificó la decisión de «desgraciada», y desde el grupo liberal, Pascal Canfin, lamentó el impacto en un contexto donde «los bosques tropicales siguen siendo destruidos a un ritmo insostenible».
