La Cámara Federal de Posadas ha puesto un freno a la realización de eventos privados en el Parque Nacional Iguazú. La medida cautelar, impulsada por la Asociación Civil Orembae, suspende una normativa de la Administración de Parques Nacionales (APN) que habilitaba “microeventos” en el corazón de una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Este fallo no es solo una victoria legal, sino un contundente recordatorio de que la conservación debe ser la prioridad absoluta en nuestros santuarios de biodiversidad.
El origen del conflicto: “microeventos” sin evaluación de impacto
La controversia se originó con una resolución de la APN que abría la puerta a la celebración de eventos privados de hasta 60 personas dentro del Área Cataratas. Si bien la propuesta se presentaba bajo la etiqueta de “microeventos” de bajo impacto, las organizaciones ambientalistas encendieron las alarmas de inmediato. El principal argumento en su contra fue la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental formal y la falta de instancias de participación ciudadana, dos pilares fundamentales en cualquier decisión que afecte a un ecosistema tan valioso y frágil.
La normativa permitía una flexibilización en el uso del espacio que, según los demandantes, ignoraba los potenciales efectos acumulativos sobre la flora y la fauna. La idea de celebrar reuniones sociales, corporativas o de otra índole en un entorno cuya misión es proteger la Selva Paranaense generó un profundo rechazo, que finalmente encontró eco en los tribunales.
Los fundamentos del fallo: Principio precautorio y el Acuerdo de Escazú
El tribunal basó su decisión en principios jurídicos ambientales de vanguardia. Los jueces invocaron el principio preventivo y precautorio, estableciendo que ante la mera posibilidad de un daño ambiental grave o irreversible, la falta de certeza científica no puede ser una excusa para postergar la adopción de medidas de protección. En otras palabras: ante la duda, se debe proteger al ambiente.
De manera crucial, el fallo determinó que la presunción de legalidad de un acto administrativo no puede prevalecer sobre el deber de proteger el ecosistema. Además, la resolución hizo una referencia explícita al Acuerdo de Escazú, un tratado internacional ratificado por Argentina que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. La Justicia consideró que la normativa de la APN no cumplía con estos estándares, ya que el control de los eventos quedaba en manos del mismo organismo que los promovía, sin una supervisión externa o ciudadana.
Un precedente para la defensa de nuestro patrimonio natural
La prohibición de eventos en Iguazú no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un debate global sobre los límites del turismo y el uso comercial de los espacios naturales. Las áreas protegidas no son escenarios inertes; son sistemas vivos y complejos donde la presencia humana intensiva puede generar contaminación sonora, lumínica, producción de residuos y, sobre todo, una grave perturbación para la fauna silvestre, afectando sus patrones de alimentación y reproducción.
Esta decisión judicial sienta un precedente fundamental para la gestión de todos los parques nacionales del país. Reafirma que el desarrollo económico y turístico debe estar siempre subordinado a la capacidad de carga y a los objetivos de conservación del ecosistema. Asimismo, visibiliza el rol indispensable de las organizaciones de la sociedad civil como guardianas del patrimonio natural, capaces de activar los mecanismos legales para defender un bien que nos pertenece a todos. El mensaje es claro: la majestuosidad de las Cataratas del Iguazú debe ser preservada en su estado más puro, no mercantilizada para eventos exclusivos.
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