En un contexto de creciente preocupación por la pérdida de biodiversidad y la presión sobre los ecosistemas naturales, un grupo de organizaciones ambientales de renombre nacional ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda por daño ambiental colectivo. Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina https://vidasilvestre y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron en junio una acción judicial contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de frenar el impacto ambiental negativo del denominado «Nuevo Canal de la Patria», una obra de infraestructura que, si bien busca garantizar el acceso al agua para comunidades humanas y sectores productivos, ha resultado letal para la fauna silvestre del Chaco Seco.
El litigio marca un punto de inflexión en el abordaje legal de las obras públicas que interfieren de forma directa con el equilibrio ecológico. El caso no solo revela fallas estructurales graves en el diseño del canal, sino también un sistemático incumplimiento de normativas ambientales que exigen, entre otras cosas, evaluaciones de impacto ambiental adecuadas, monitoreo continuo y aplicación de medidas de mitigación.
El Canal de la Patria: origen, propósito y rediseño
El proyecto conocido como “Canal de la Patria” tiene como objetivo transportar agua desde el río Salado hasta zonas áridas del este santiagueño, particularmente la ciudad de Quimilí y otras localidades aledañas. La obra, iniciada originalmente en los años ’70 mediante excavaciones en tierra, nunca logró cumplir plenamente con su misión debido a fallas técnicas y a la falta de mantenimiento. En 2020, se relanzó con una nueva concepción: un canal revestido en hormigón, con mayor capacidad, mejores pendientes y mayores longitudes, extendiéndose finalmente a 250 kilómetros si se considera también un segundo ramal adicional.
La infraestructura fue pensada como una solución hídrica estructural para el desarrollo agropecuario regional y la mejora en el abastecimiento de agua para comunidades humanas. No obstante, el nuevo diseño con paredes lisas e inclinadas, construido con concreto, terminó por crear una trampa mortal para la fauna silvestre.
Un corredor hídrico convertido en trampa ecológica
El canal fue construido atravesando zonas clave de la ecorregión del Chaco Seco, una de las más amenazadas del planeta por la deforestación y el cambio climático. Paradójicamente, lo que pretendía ser un instrumento de desarrollo se transformó en un elemento destructor del frágil equilibrio ambiental de la región.
El hormigón de las paredes del canal, altamente resbaladizo e inclinado, impide que los animales puedan salir una vez que caen en él. Se han reportado casos de animales que mueren ahogados tras intentar cruzarlo o al intentar acceder al agua para beber. Este problema es agravado por la falta de dispositivos adecuados que permitan a la fauna silvestre escapar: las estructuras existentes, como esclusas o escaleras, no resultan efectivas, especialmente para especies pequeñas o medianas.
La gravedad del problema se acentúa por el hecho de que este tipo de impacto tiene un efecto acumulativo y fragmentador del hábitat. El canal funciona como una barrera física para muchas especies, dificultando su desplazamiento y acceso a fuentes de alimento o agua, y fragmentando el ecosistema. Esta barrera impide también el flujo genético entre poblaciones animales, reduciendo su viabilidad a largo plazo y aumentando la probabilidad de extinciones locales.
Un ecosistema bajo presión y especies en riesgo
Santiago del Estero se encuentra en el epicentro de una de las crisis ambientales más alarmantes del país. Entre 2009 y 2023, fue la provincia con mayor nivel de deforestación en Argentina: se desmontaron más de 1.223.000 hectáreas, lo que representa el 27,9 % de toda la pérdida de bosques nativos registrada en ese período. Este dato por sí solo ya sugiere un escenario adverso para la conservación de especies, que se agrava exponencialmente cuando se les suma el nuevo obstáculo impuesto por el Canal de la Patria.
Entre los años 2023 y 2025, se realizaron numerosos relevamientos técnicos y científicos en los alrededores del canal. Las investigaciones conjuntas de Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el CECARA (Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina) permitieron constatar la muerte de al menos 250 animales en solo seis meses. Los registros incluyeron mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
Algunas de las especies afectadas se encuentran categorizadas como vulnerables o en riesgo de extinción. Entre ellas se destacan:
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Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla)
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Tortuga Terrestre Argentina (Chelonoidis chilensis)
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Pecarí de Collar (Pecari tajacu)
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Mataco Bola (Tolypeutes matacus)
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Oso Melero (Tamandua tetradactyla)
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Corzuela Parda (Subulo gouazoubira)
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Mulita (Dasypus hybridus)
Todas estas especies enfrentan presiones por la pérdida de hábitat, y su mortandad masiva constituye una señal de alarma respecto de la eficacia de las políticas públicas en materia de conservación.
Contaminación potencial del recurso hídrico
El impacto no se limita a la pérdida de biodiversidad. Uno de los aspectos más preocupantes es el efecto que tiene la descomposición de los cuerpos de los animales en el agua. La presencia constante de cadáveres en el canal puede comprometer su potabilidad, afectando directamente a la salud de las personas y animales que dependen de este recurso para beber, cocinar o higienizarse.
Este riesgo sanitario no es menor. En regiones donde la infraestructura de acceso a agua potable ya es limitada o ineficiente, cualquier factor que ponga en peligro la calidad del agua puede tener consecuencias graves, especialmente en comunidades rurales o vulnerables.
Agotamiento de instancias administrativas y pedido a la Corte Suprema
Las organizaciones que impulsan la demanda aseguran haber agotado todas las vías posibles para instar a los gobiernos provincial y nacional a adoptar medidas urgentes. Desde presentaciones formales hasta pedidos ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, todos los intentos han sido insuficientes para revertir o siquiera mitigar el daño.
La Resolución N.º 53/24, emitida por la Defensoría el 13 de diciembre de 2024, instó a las autoridades a actuar, pero las respuestas fueron escasas y poco efectivas. Por ello, las organizaciones decidieron recurrir a la instancia judicial más alta del país.
La acción judicial interpuesta en la Corte Suprema tiene como objetivo que se ordene la implementación de un Plan de Recomposición Ambiental integral, con enfoque técnico y científico. Este plan debería contemplar:
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Monitoreo sistemático de fauna muerta y evaluación de la calidad del agua.
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Zonificación de la infraestructura, identificando tramos críticos que puedan ser entubados o adaptados con bebederos.
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Diseño de obras de mitigación, como rampas de escape o pasarelas faunísticas.
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Un plan de gestión ambiental, con cronogramas, indicadores y mecanismos de evaluación de resultados.
Las organizaciones impulsoras consideran que es posible compatibilizar el abastecimiento hídrico con la protección de la biodiversidad, pero para ello es imprescindible rediseñar o corregir las deficiencias estructurales del canal.
Un caso emblemático para la justicia ambiental en Argentina
La demanda por daño ambiental colectivo busca convertirse en un antecedente importante en la historia judicial argentina en materia de derecho ambiental. Al plantear la necesidad de compatibilizar derechos humanos (como el acceso al agua) con la protección de bienes colectivos (como la biodiversidad), la acción obliga a repensar el modo en que se conciben y ejecutan las obras públicas en el país.
La Constitución Nacional, en su artículo 41, establece con claridad el principio de recomposición ante el daño ambiental. La Ley General del Ambiente (N.º 25.675) refuerza esta obligación, y pone el acento en la prevención, el monitoreo y la responsabilidad frente al deterioro de los ecosistemas.
Lo que está en juego en este litigio no es solamente la corrección de un canal mal diseñado, sino la validación —por parte del máximo tribunal del país— de que las obras públicas deben ajustarse a estándares ambientales modernos y que el desarrollo humano no puede avanzar a costa de la naturaleza.
Desarrollo sí, pero con responsabilidad ambiental
Las organizaciones demandantes no cuestionan la importancia del canal como obra de infraestructura para comunidades locales. Por el contrario, reconocen su valor estratégico para garantizar el derecho humano al agua. Sin embargo, subrayan que este objetivo no puede alcanzarse a costa de provocar un ecocidio silencioso.
En una de las regiones más castigadas por la deforestación, donde el cambio climático ya altera el equilibrio hídrico y ecológico, es fundamental que las intervenciones del Estado contemplen seriamente el cuidado de la biodiversidad y el respeto por los corredores ecológicos naturales.
La expectativa está puesta en que la Corte Suprema impulse soluciones integrales, fundadas en evidencia científica, con participación de expertos independientes y con compromiso institucional de largo plazo. Que lo que hoy es un caso judicial urgente se transforme en una política pública ejemplar.
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El Canal de la Patria —rebautizado por algunos como “Canal de la Infamia”— representa uno de los desafíos ambientales más significativos de los últimos años en el país. Las imágenes de animales ahogados, los testimonios de comunidades locales y los informes científicos conforman un cuadro preocupante que exige una respuesta institucional de máxima jerarquía.
El caso interpela no solo al poder judicial, sino también a los tomadores de decisiones en todos los niveles del Estado. Argentina cuenta con legislación ambiental avanzada y una biodiversidad única en el mundo. Lo que falta —y este litigio busca poner en agenda— es la voluntad política de hacer cumplir las normas, prevenir los daños y actuar con responsabilidad.
La historia del Canal de la Patria podría ser, aún, una oportunidad para corregir el rumbo y demostrar que el desarrollo humano y la conservación ambiental no son caminos opuestos, sino parte de un mismo compromiso con el futuro.
