En un mundo donde la escasez de agua se convierte en una amenaza cada vez más tangible, la Cumbre de las Naciones Unidas contra la Desertificación (COP17) celebrada en Riyadh ha dejado un sabor agridulce. Pese a la urgencia de una crisis que ya impacta a más de 2.000 millones de personas, los países no lograron consensuar un acuerdo global vinculante sobre la sequía, un objetivo que ahora queda en suspenso hasta la próxima cumbre en 2028.
Un acuerdo urgente en pausa
La decisión de la Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) fue clara: postergó la negociación del protocolo sobre sequía hasta la COP18, que se celebrará en Egipto. Esta pausa de dos años llega en un momento crítico. Mientras los diplomáticos debatían, la realidad climática no esperaba, ya que en Bolivia, vastas regiones se declaraban en alerta por sequía extrema, y en Colombia, los incendios forestales ya habían consumido más de 27.000 hectáreas solo en la región de Tolima. Estos eventos son un crudo recordatorio de que cada día sin un plan de acción coordinado agrava las consecuencias para los ecosistemas y las comunidades más vulnerables.
Tensiones geopolíticas y voces silenciadas
Detrás del aplazamiento se esconden profundas divisiones geopolíticas. Según reportes, la delegación de Estados Unidos objetó desde el inicio la inclusión formal en la agenda de temas cruciales para los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes. Rusia también se sumó a las objeciones, bloqueando de facto la consolidación de mecanismos de participación que estos grupos han desarrollado durante años para la gestión sostenible de la tierra y el agua. Este bloqueo no solo retrasó el debate, sino que también resultó en la omisión de un lenguaje clave sobre la perspectiva de género y el enfoque de derechos de los pueblos indígenas en algunos de los acuerdos finales, una contradicción directa con el discurso oficial de la propia convención.
Financiamiento y tecnología
A pesar del estancamiento político, la COP17 no fue un fracaso total. En los pasillos de la cumbre, lejos de las negociaciones vinculantes, se gestaron importantes avances financieros y tecnológicos. Gobiernos, bancos de desarrollo y el sector privado anunciaron una movilización de 1.300 millones de dólares destinados a mejorar la resiliencia en 23 países. De este monto, 1.200 millones se destinarán a 45 proyectos enfocados en la protección de pastizales y el apoyo a las comunidades de pastores.
Además, se lanzaron dos iniciativas prometedoras. El Fondo de Inversión para la Resiliencia ante la Sequía (DRIF), una colaboración entre la ONU y Luxemburgo, buscará movilizar hasta 400 millones de dólares para proyectos de seguridad hídrica y agricultura sostenible. Por otro lado, la Alianza Internacional para la Resiliencia frente a la Sequía (IDR), liderada por Senegal y España, presentó IDRO, una innovadora herramienta que utiliza información científica para que los países puedan medir y mejorar su capacidad de adaptación a las sequías.
Aunque más de 70 naciones ya cuentan con planes de gestión de la sequía, la ONU advierte que son insuficientes para la magnitud del desafío. La cumbre de Riyadh cierra con una paradoja, mientras la diplomacia global se toma un respiro, la ciencia y las finanzas aceleran en una carrera contra el tiempo. La verdadera prueba llegará en 2028, cuando el mundo vuelva a reunirse para decidir si finalmente está listo para firmar un pacto a la altura de la crisis planetaria.
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