En una decisión que redefine la política ambiental de Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha impulsado la derogación del histórico “Endangerment Finding” (dictamen de peligro), el pilar científico y jurídico que desde 2009 permitía al gobierno federal regular los gases de efecto invernadero como contaminantes peligrosos. Esta medida desmantela de un plumazo el marco legal que ha limitado las emisiones del transporte, la industria y las centrales eléctricas durante los últimos 15 años, anticipando una nueva era de confrontación legal y regulatoria.
El fin de una era para la ley de Aire Limpio
El dictamen ahora eliminado no fue una decisión arbitraria, sino el resultado de un mandato de la Corte Suprema. En el histórico fallo de 2007, Massachusetts vs. EPA, el máximo tribunal ordenó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que determinara si los gases de efecto invernadero representaban un riesgo para la salud y el bienestar públicos. Dos años después, en 2009, la EPA concluyó afirmativamente, estableciendo que estos gases “amenazan la salud y el bienestar públicos de las generaciones actuales y futuras”.
Esta conclusión se convirtió en la piedra angular de la política climática estadounidense, habilitando a la EPA para utilizar la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) como herramienta para establecer límites a la contaminación de dióxido de carbono y otros gases. La derogación actual no solo frena futuras regulaciones, sino que deshace el propio fundamento que las hacía posibles.
Reacciones, riesgos y una batalla judicial anunciada
La medida ha provocado una condena inmediata por parte de organizaciones ambientales y estados que ya preparan sus respuestas legales. Earthjustice la calificó como “un golpe bajo” para millones de estadounidenses que ya sufren los efectos de olas de calor, incendios forestales e inundaciones. Por su parte, Greenpeace USA acusó a la EPA de “traicionar su misión de proteger la salud humana y el medio ambiente” en favor de los intereses de la industria de los combustibles fósiles.
Los críticos advierten que las consecuencias de eliminar este marco regulatorio son directas y graves. Se espera un escenario con:
- Mayores niveles de contaminación atmosférica, al desaparecer los incentivos federales para la transición energética.
- Incremento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares vinculadas a la mala calidad del aire.
- Aumento de los costos económicos derivados de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos.
El conflicto se trasladará inevitablemente a los tribunales. Expertos en derecho ambiental prevén una larga batalla que podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema, reabriendo el debate sobre la autoridad del gobierno federal para regular las emisiones en un país profundamente polarizado. Mientras tanto, varios estados y ciudades han reafirmado su compromiso de mantener y fortalecer sus propias regulaciones climáticas para llenar el vacío dejado por la acción federal.
La ciencia no se deroga por decreto
Mientras el debate político y legal se intensifica, los expertos recuerdan una verdad fundamental: la ciencia del clima no cambia por decreto. Las leyes de la termodinámica que explican cómo los gases de efecto invernadero atrapan el calor en la atmósfera, un fenómeno conocido desde el siglo XIX, no se ven alteradas por decisiones administrativas.
Los impactos en la salud pública, lejos de ser teóricos, ya son medibles y alarmantes. Un estudio publicado en la revista JAMA reveló que las muertes relacionadas con el calor en EE.UU. se duplicaron en 25 años, pasando de 1.069 en 1999 a 2.325 en 2023. Otra investigación en Nature Climate Change estimó que más de un tercio de las muertes por calor a nivel global son directamente atribuibles al cambio climático inducido por el ser humano.
Un dato interesante que ilustra la complejidad del problema es la relación entre las muertes por frío y por calor. Aunque actualmente las muertes por frío en EE.UU. superan a las de calor, esta tendencia está cambiando. Los científicos advierten que una vez que el planeta se caliente 1,5 ºC adicionales, la reducción de muertes por frío ya no compensará el drástico aumento de muertes por calor. En ese punto, la mortalidad neta se disparará, marcando un punto de inflexión sin retorno. La derogación del “Endangerment Finding” acelera el camino hacia ese umbral, en un momento en que los costos del cambio climático son cada vez más visibles, costosos y letales.
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