En la ciudad de Rawson, se llevó a cabo una reunión clave en la Oficina Judicial para definir los detalles del próximo juicio oral contra Ricardo La Regina, productor acusado de haber causado la muerte de cientos de pingüinos de Magallanes en la reserva de Punta Tombo. Este proceso, el primero en Argentina por daño ambiental agravado y crueldad animal, se iniciará el lunes 28 de octubre en el Superior Tribunal de Justicia del Chubut y contempla una pena de hasta cuatro años de prisión efectiva para el imputado.
El tribunal estará compuesto por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, mientras que la acusación será liderada por la fiscalía penal y la fiscalía de Estado de la provincia, junto a organizaciones querellantes como Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. El juicio contará con la presentación de más de 50 testigos internacionales, cuyo testimonio será interpretado en varios idiomas, dado el interés global que suscitó el caso.
La fiscal Florencia Gómez, quien lleva adelante la investigación y actúa como fiscal General Jefe de Rawson, explicó que los hechos investigados revelan “una extrema crueldad hacia la vida animal” y fueron ejecutados “de manera desmesurada”.
Gómez recordó el impacto de los primeros informes y videos que llegaron a sus manos: “La primera sensación fue de mucha tristeza. El informe y los videos mostraban la extrema crueldad de la matanza de pingüinos en plena época reproductiva. Recuerdo que recibí la denuncia a la tarde y a las dos horas ya había ordenado el allanamiento”. La fiscal adelantó que buscará un fallo ejemplar, señalando: “Logramos por primera vez llevar este tipo de casos a juicio tanto a nivel nacional como provincial. Con el fallo se busca que la gente no sólo se concientice en proteger la flora y la fauna de este país, sino también que denuncie hechos de esta naturaleza para que no se repitan”.
El hecho ocurrió entre agosto y diciembre de 2021, cuando La Regina, a cargo de una finca familiar cercana a Punta Tombo, presuntamente destruyó con un tractor unos 175 nidos de pingüinos, muchos de ellos con huevos o crías, y causó la muerte de otros adultos que murieron electrocutados tras la instalación de un cerco eléctrico divisorio. Las acusaciones se sostienen en la Ley Sarmiento de maltrato animal y en dos figuras adicionales: crueldad hacia especímenes y daño ambiental.
El impacto ambiental del hecho cobra aún mayor relevancia debido a la localización de la finca de La Regina, adyacente al Área Natural Protegida Punta Tombo – Punta Clara, una reserva de la UNESCO y Área de Importancia para la Conservación de las Aves. Este espacio alberga el 40% de la población mundial reproductora del pingüino de Magallanes, lo que lo convierte en un lugar de altísima relevancia para la conservación de la especie.
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