Días atrás el Presidente Javier Milei reveló planes para modificar la Ley de Manejo del Fuego como parte de un conjunto de medidas destinadas a estabilizar la economía a través de un DNU. Sin embargo, la falta de detalles en el decreto publicado en el Boletín Oficial generó incertidumbre sobre la naturaleza de las modificaciones propuestas. En tanto, este miércoles presentó nuevas modificacione que impactan de lleno en el ambiente.
Esta ley, que establece la creación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y regula las acciones de prevención y combate de incendios en todo el país, sería objeto de reformas según las declaraciones del presidente electo. A pesar de esto, el decreto oficial carece de información específica sobre los cambios que se planean implementar, lo que generó preguntas sobre la dirección que tomarán las modificaciones.
Sin embargo, este miércoles se envió al Congreso el proyecto de ley denominado «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos» que plantea entre otros temas, modificaciones en el ambito ambiental.
En relación con la ley de quema, se sugiere permitir a los productores realizar cortafuegos y llevar a cabo acciones preventivas que actualmente están vedadas por la legislación. Además, se propone que el Fondo de bosques nativos sea financiado directamente desde el Presupuesto, simplificando así los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente.
Otra modificación es la propuesta de cambiar la Ley de Glaciares para habilitar, siempre con los informes ambientales requeridos, la actividad económica en la zona periglacial. Esta medida representa un giro en la relación de poder entre el gobierno federal y las provincias, revirtiendo restricciones que anteriormente limitaban la actividad económica en estas áreas.
En este contexto, el especialista en derecho ambiental, Leonardo Villafañe, señaló la importancia de la legislación ambiental: «Toda la decisión en materia ambiental exige la participación ciudadana en el tratamiento de la cuestión», indicó.
Asimismo señaló que esto plantea preguntas sobre la coherencia del sistema normativo y su relación con la Ley General del Ambiente. También destacó la importancia de considerar la legislación ambiental como un bien colectivo y expresó su preocupación por posibles cambios que podrían debilitar las protecciones ambientales en aras de intereses económicos inmediatos. Hizo hincapié en la necesidad de mantener un equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental.
“No se puede flexibilizar lo ambiental para favorecer a lo económico porque se busca un equilibrio”, sostuvo.
El experto también abordó la eliminación de ciertos artículos relacionados con tierras rurales y la flexibilización en materia de minería, señalando que estas decisiones podrían tener implicaciones indirectas en el medio ambiente.
Por otro lado Villafañe expresó sus reservas sobre la posibilidad de que las medidas anunciadas reflejen una postura filosófica que considere las leyes ambientales como obstáculos para el crecimiento económico. Señaló que la sustentabilidad debe ser el objetivo principal y que flexibilizar normas ambientales podría tener consecuencias negativas a largo plazo.
