El congreso chileno aprobó de manera unánime el proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal en casos de delitos económicos y contra el medioambiente. La nueva legislación también contempla sanciones para los llamados «delitos de cuello blanco y corbata», es decir, aquellos relacionados con enriquecimiento ilícito y corrupción.
La Cámara de Diputados resalta la intención de poner fin a los actos delictivos cometidos por individuos de alto poder adquisitivo. Esta normativa se aplicará tanto a empresas como a personas jurídicas religiosas, partidos políticos, sociedades y universidades estatales.
El enfoque de la ley ahora radica en establecer un sistema de penas acorde con los ingresos de los condenados, afectándolos en su fuente de ganancias, según subraya la comunicación emitida por la Cámara de Diputados.
En relación a los delitos económicos y ambientales, el ministro de Justicia, Luis Cordero, destaca la relevancia de esta reforma al Código Penal de 1874, describiéndola como una medida que reconoce la magnitud de estos delitos en términos sociales y su impacto.
El proyecto categoriza los delitos económicos en cuatro grupos:
- Delitos que afectan al Mercado de Valores o relacionados con actividades bancarias.
- Delitos perpetrados en el marco de roles o funciones dentro de una empresa, así como aquellos que afectan al medio ambiente o tienen un carácter tributario.
- Delitos cometidos por funcionarios públicos en colaboración con actores empresariales (malversación de fondos públicos o cohecho).
- Lavado de activos derivado de delitos económicos.
Se destaca la inclusión de los delitos ambientales en la segunda categoría, lo que implica que las entidades jurídicas pueden ser consideradas responsables en estos casos.
El aspecto de la responsabilidad penal de las empresas es uno de los aspectos clave de la nueva ley. Además, se implementa un nuevo esquema para determinar las penas y multas, utilizando el concepto de «días-multa», que establece una sanción económica proporcional a la gravedad del delito, calculada en base al ingreso promedio diario del condenado. En ciertos casos, la pena también puede incluir prisión.
Los diputados y diputadas subrayan la transformación en la figura del derecho penal en relación a los delitos económicos, enfatizando que la ley no permite distinciones entre delincuentes según su categoría social. El comunicado de la Cámara de Diputados agrega que esta norma concentra su atención en quienes ostentan la verdadera responsabilidad en la comisión de los delitos.
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