El sello «Liderazgo en diseño energético y ambiental» engloba una serie de requisitos de construcción, diseño y utilización de recursos con criterios de sostenibilidad que concitan interés tanto por la preocupación internacional ante el cambio climático como por la crisis energética generada en Europa.
En su carrera por la eficiencia energética, la Argentina avanzó en los últimos años en la implementación de las normas LEED en edificios corporativos y cuenta en la actualidad con 155 construcciones certificadas y más de 360 en proceso de certificación, de acuerdo con la red regional latinoamericana de la World Green Building Council.
La certificación LEED (sigla en inglés de «Liderazgo en diseño energético y ambiental») engloba una serie de requisitos de construcción, diseño y utilización de recursos con criterios de sostenibilidad, en boga últimamente tanto por la preocupación internacional ante el cambio climático como por la crisis energética generada en Europa a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Si bien la certificación LEED es válida para todo tipo de construcción, sea comercial-administrativa, industrial o residencial, es el mercado de oficinas el que tomó la delantera desde un principio y aún hoy concentra los mejores ejemplos en todo el planeta.
Para Guillermo Simón Padrós, director ejecutivo de Argentina Green Building Council (AGBC), la preferencia no es fortuita y se relaciona con cuestiones normativas a las que están ceñidas las casas centrales de las compañías multinacionales: «el impulso fue más que nada de empresas extranjeras que cotizan en las bolsas de sus respectivos países y, de acuerdo con sus respectivas directivas, están obligadas a comprar o alquilar edificios de oficinas sustentables».
La falta de un avance similar entre las construcciones residenciales no solo obedece a la ausencia de requisitos en los códigos de edificación sino también – y principalmente- a cuestiones económicas.
«El proceso de certificación tiene distintas instancias, es auditado, hay que hacer ensayos, los profesionales que lo realizan cobran honorarios. Todo eso representa un costo extra para una vivienda familiar o un consorcio de propietarios, al que una compañía de gran envergadura puede hacerle frente», señaló Simón Padrós, un arquitecto que, antes de sumarse a AGBC, se desempeñó durante cinco años en una constructora en Estados Unidos, donde aprendió las estrategias de sustentabilidad y certificación LEED.
A eso cabe agregarle que los procedimientos de construcción de los edificios corporativos son similares en todo el mundo, algo que no ocurre con las viviendas familiares, ya que en la Argentina predomina la construcción húmeda o tradicional, menos apta en cuanto a eficiencia energética que la construcción en seco, en la que la unión de las piezas no requiere el uso de agua.
El origen de las normas LEED se remonta abril de 1993 en Washington, cuando en el AIA (American Institute of Architects) los empresarios e investigadores Rick Fedrizzi, David Gottfried y Mike Italiano convencieron a representantes de 60 firmas y ONGs para elaborar un conjunto de normas de edificación amigable con el ambiente.
De esa manera nacía el World Green Building Council, que hoy tiene presencia en más de 180 países.
En la Argentina, el AGBC comenzó a desarrollar sus actividades en 2008, «en tiempos en los que no se hablaba de sustentabilidad ni en la construcción ni en ningún ámbito», recuerda Simón Padrós, en un repaso de los avances registrados en la materia y en todo lo que resta por hacer, en especial en la franja residencial.
Si bien se encuentra en la quinta posición entre los países de América Latina en cuanto a edificios con certificación LEED, con 155 casos (detrás de Brasil, México, Chile y Colombia), el crecimiento de los últimos años queda en evidencia si se los compara con los 48 de 2017 y los 366 que hay actualmente en proceso de certificación.
En viviendas familiares, Simón Padrós enfatiza la importancia del etiquetado, una calificación similar a la ya aplicada y ampliamente difundida entre los electrodomésticos.
«Para que una transacción inmobiliaria se realice, debería haber una ley nacional para que sea obligatorio que cuando se venda, alquile o compre una casa, deba tener la etiqueta en la puerta», manifestó, al tiempo que puso un ejemplo: «si tiene una ‘D’, entonces la envolvente no es buena y eso hará bajar el precio, con lo cual el propietario tendrá que evaluar si le conviene o no hacer las refacciones adecuadas para mejorar la categoría».
En ese aspecto, la política de segmentación tarifaria cobra una importancia adicional, en la medida que el recorte de subsidios y el acercamiento del valor de la factura a los costos totales acorta el período de repago.
Al respecto, Simón Padrós señaló que «con un período de repago de 3 a 5 años, está para pensarlo, pero con las tarifas subsidiadas se extendería a diez años, un plazo demasiado largo en el que quizás hasta haya mudanzas de por medio».
En el mediano y largo plazo, el etiquetado de viviendas podría imponerse como uno de las condiciones primordiales para la compra de una vivienda, como lo es en la actualidad la proximidad a los nodos de transporte o lo fuera décadas atrás la posesión o no de una línea de telefonía fija.
Un punto en contra que es compartido con todos los países es que la mayor parte de las edificaciones existentes datan de épocas previas a la toma de conciencia de la sostenibilidad y la eficiencia energética, de lo que se desprende que en la Argentina «la mayoría de las viviendas no cumple con el mínimo estándar» y su puesta a punto no es una tarea sencilla, tanto por razones estructurales como económicas.
