El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 de Chile contempla la eliminación de los recursos identificados específicamente para implementar el Acuerdo de Escazú y una reducción de las asignaciones destinadas a distintos programas ambientales y climáticos. La propuesta abrió un debate sobre el financiamiento de los compromisos internacionales del país y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La iniciativa presupuestaria elimina la partida que en 2026 contemplaba hasta 144,5 millones de pesos chilenos para la implementación del tratado. Además, suprime la obligación específica de presentar informes trimestrales al Congreso sobre el uso de esos fondos.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente sostienen que las acciones vinculadas con Escazú continuarán durante 2027 mediante recursos generales. Sin embargo, organizaciones socioambientales advierten que la falta de una asignación identificable dificulta el seguimiento del gasto y genera preocupación sobre la continuidad de las políticas.
Menos recursos para los compromisos climáticos
La propuesta también contempla una reducción de los fondos destinados a la política climática chilena. La asignación para Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) pasaría de 717 millones a 293 millones de pesos, lo que representa una caída real del 60,32%.
A su vez, el programa de Calefacción Sustentable tendría una reducción del 54,47%, mientras que el Fondo de Protección Ambiental recibiría un 29,4% menos de recursos, al pasar de 866 millones a 611 millones de pesos.
También se informó una disminución del 19,4% en los fondos destinados a fiscalización ambiental. En conjunto, estas modificaciones afectan distintas líneas de trabajo relacionadas con la acción climática, la protección ambiental y el financiamiento de iniciativas comunitarias.
No obstante, los recortes no alcanzan a todas las áreas por igual, ya que algunas dependencias ambientales tendrían incrementos presupuestarios.
Qué implica eliminar la partida para Escazú
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones que afectan al entorno y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, establece compromisos para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en cuestiones ambientales.
En este contexto, la eliminación de una partida específica no implica que Chile abandone el tratado ni que queden suspendidas sus obligaciones internacionales. Sin embargo, la ausencia de recursos identificados expresamente para su implementación dificulta conocer qué monto se destinará a esas acciones y cómo se utilizará.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente sostiene que mantendrá la implementación del acuerdo mediante el presupuesto general de la cartera. La discusión se centra, por lo tanto, en la disponibilidad de recursos identificables y en las herramientas para controlar su ejecución.
Aumenta la preocupación por las agresiones contra defensores ambientales
El debate presupuestario se produce en un contexto de preocupación por la seguridad de quienes defienden el ambiente en Chile. Según el informe 2026 de Fundación Escazú Ahora, durante 2025 se registraron 72 agresiones contra 67 personas defensoras ambientales, la cifra más alta desde que la organización comenzó a recopilar estos casos en 2023.
El relevamiento también señaló un aumento del 148% en la cantidad de personas afectadas respecto de 2024.
Estos datos adquieren relevancia frente a los compromisos establecidos en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que contempla la obligación de garantizar un entorno seguro para las personas, los grupos y las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
En ese escenario, las organizaciones socioambientales advierten que la reducción de recursos y la pérdida de mecanismos específicos de seguimiento pueden dificultar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
El presupuesto todavía debe completar su tratamiento legislativo
Las modificaciones corresponden al proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y no a una norma definitivamente aprobada. Durante su tratamiento legislativo, el Congreso chileno puede debatir cambios en las asignaciones previstas, incluida la posibilidad de restablecer una partida específica para el Acuerdo de Escazú.
La discusión plantea así un interrogante sobre cómo se garantizará la continuidad de las políticas ambientales y climáticas, y de qué manera se podrá verificar el uso de los recursos destinados a cumplir los compromisos internacionales de Chile.
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