El modelo agrícola argentino se encuentra bajo un intenso escrutinio científico. Un reciente informe de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ha encendido las alarmas al revelar que el uso de agroquímicos en el país creció un asombroso 2.000% en las últimas tres décadas, pasando de 30 millones de litros en 1991 a 600 millones en la actualidad.
Pero la advertencia más grave no está en la superficie, sino en lo que la geóloga e investigadora del Conicet, Verónica Lutri, denomina “la contaminación que no se ve”: el impacto silencioso y persistente sobre los acuíferos que abastecen a gran parte de la llanura chaco-pampeana.
La amenaza silenciosa
El agua subterránea, un recurso vital y a menudo subestimado, es la víctima invisible de este modelo químico-dependiente. Según Lutri, la contaminación se produce con mayor facilidad en acuíferos poco profundos y suelos de texturas arenosas, donde el agua de lluvia se infiltra rápidamente, arrastrando consigo los químicos aplicados en la superficie. El estudio detectó la presencia de atrazina, un potente herbicida, a 20 metros de profundidad. Este compuesto, que está prohibido en la Unión Europea desde 2004 por su riesgo para la salud y el ambiente, sigue siendo de uso común en Argentina.
La situación se agrava por la creciente resistencia de las malezas al glifosato y otros herbicidas, lo que obliga a los productores a aplicar dosis cada vez mayores y combinaciones más complejas de productos. Este ciclo vicioso satura los suelos y aumenta la probabilidad de que los contaminantes alcancen las napas freáticas, comprometiendo la calidad del agua para consumo humano y para el sostenimiento de los ecosistemas.
Un cóctel químico con graves consecuencias para la salud
La investigación de la UNRC no solo se detiene en el impacto ambiental, sino que conecta directamente el uso intensivo de agroquímicos con serios problemas de salud pública, especialmente en los llamados “pueblos fumigados”. La evidencia científica, aunque a menudo invisibilizada, es contundente. Se asocia esta exposición a una mayor incidencia de cáncer cerebral, de mama, próstata y colon, además de un alarmante aumento en el daño genético y efectos adversos en la capacidad reproductiva.
Los efectos no se limitan a enfermedades crónicas. Las intoxicaciones agudas, afecciones de la piel, problemas respiratorios y neurológicos son comunes en las comunidades rurales. Un dato devastador del informe señala que en jóvenes de estas comunidades expuestas, las tasas de cáncer pueden ser hasta 2,5 veces más altas que en poblaciones no fumigadas. La investigadora Lutri lamenta que, a pesar de existir «toneladas de evidencia científica» sobre la toxicidad de herbicidas como el glifosato y el 2,4-D, muchos estudios han sido censurados o sus resultados no difundidos oficialmente.
Hacia un nuevo paradigma: la agroecología como respuesta
El informe expone las grietas de un modelo extractivista que, mientras genera beneficios económicos para ciertos sectores, externaliza los costos ambientales y sociales. La expansión de la frontera agrícola ha significado la pérdida de humedales y bosques nativos, ecosistemas cruciales para la regulación hídrica y la biodiversidad. Frente a este escenario, surgen voces que proponen un cambio radical de paradigma.
Claudio Sarmiento, especialista en agroecología de la misma universidad, plantea la urgencia de buscar alternativas naturales, como el control biológico de plagas mediante insectos benéficos y la implementación de prácticas agroecológicas que fortalezcan la salud del suelo y reduzcan la dependencia de insumos químicos. La conclusión de Lutri es un llamado a la acción y a la conciencia colectiva: “El sistema está saturado. Sin agua no podemos vivir y no se cuida lo que no se conoce”. Proteger nuestros acuíferos no es solo una cuestión ambiental, sino una defensa de la salud pública y una inversión en un futuro verdaderamente sostenible.
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