El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, pidió garantizar el cumplimiento de la Ley 26.509 para prevenir y mitigar posibles daños en el sector productivo. Además, respaldó la estrategia judicial del gobernador Hugo Passalacqua para defender la Ley de Tierras Rurales.
El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, reclamó al Gobierno nacional que garantice la aplicación de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria ante las previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. El funcionario advirtió sobre la necesidad de anticipar medidas de prevención y asistencia para reducir las posibles pérdidas en las actividades rurales durante los próximos meses.
A través de una publicación en la red social X, López Sartori sostuvo que la normativa debe cumplirse para que los productores cuenten con herramientas frente a eventos climáticos extremos. En ese sentido, afirmó que las leyes destinadas a prevenir daños no deben considerarse un gasto, sino una inversión para evitar consecuencias económicas mayores.
El reclamo se produjo luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) difundiera proyecciones sobre la evolución de El Niño. Según los datos citados por el ministro, existe una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hasta comienzos de 2027.
Frente a este escenario, el funcionario también hizo referencia a las advertencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre los riesgos para las zonas productivas. Además, remarcó que la planificación debe contemplar tanto los fenómenos meteorológicos inmediatos como sus posibles consecuencias posteriores.
Qué establece la Ley de Emergencia Agropecuaria
La Ley 26.509, sancionada en 2009, creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La normativa establece mecanismos para prevenir y reducir los daños que provocan fenómenos climáticos y otros acontecimientos extraordinarios sobre la producción agropecuaria.
Asimismo, contempla medidas de asistencia y beneficios para los productores de zonas declaradas en emergencia o desastre agropecuario, de acuerdo con las condiciones previstas por la ley. También establece procedimientos de coordinación entre las provincias y el Estado nacional para reconocer estas situaciones e implementar acciones destinadas a mitigar sus efectos.
En ese marco, López Sartori planteó que la responsabilidad del Estado no debe limitarse a las cuentas fiscales, sino que también debe contemplar la protección de las actividades productivas y el desarrollo social.
El ministro sintetizó su postura con un mensaje centrado en la prevención y la gestión pública. Según expresó, anticiparse a los riesgos también forma parte de las responsabilidades de gobierno, especialmente ante escenarios climáticos que pueden afectar la continuidad de las explotaciones rurales.
López Sartori respaldó la defensa de la Ley de Tierras Rurales
Por otra parte, el titular de la cartera agraria provincial respaldó la intervención del Gobierno de Misiones en la disputa judicial por la Ley de Tierras Rurales. La controversia se vincula con la derogación de la Ley 26.737, dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que establecía restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió provisoriamente los efectos de esa derogación. Ante la medida, López Sartori destacó la decisión del gobernador Hugo Passalacqua de instruir a la Fiscalía de Estado provincial para iniciar acciones legales destinadas a resguardar los intereses de Misiones.
A través de otra publicación en X, el ministro sostuvo que la intervención provincial permitió instalar el debate sobre la defensa de la soberanía territorial. También ratificó su respaldo a las acciones judiciales impulsadas por el Ejecutivo misionero para sostener la normativa.
De esta manera, López Sartori se pronunció sobre dos cuestiones vinculadas con la actividad productiva y el territorio provincial. Por un lado, reclamó la aplicación de herramientas legales para prevenir y mitigar los daños que podrían ocasionar los fenómenos climáticos. Por otro, respaldó la estrategia judicial de Misiones frente a la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
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