Este lunes comenzó en la provincia de Chubut un juicio sin precedentes en el país, en el que se acusa al productor Ricardo La Regina de haber causado daños ambientales agravados y crueldad animal contra una colonia de pingüinos de Magallanes.
El caso, que se desarrolla en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, se convierte en el primer juicio oral en Argentina por un delito de estas características. El tribunal que preside la audiencia está integrado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, mientras que la querella será impulsada por Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. Se prevé que este juicio atraiga la atención internacional, con más de 50 testigos de diversos países y traducciones en varios idiomas.
Durante la jornada inicial se procedió a la presentación de pruebas, que incluyen la exhibición de imágenes, documentos y testimonios. La Fiscalía, por su parte, cuenta con 47 testigos, mientras que la defensa de La Regina tendrá 12, aunque se espera que ambos números puedan aumentar en función de los acuerdos que se alcancen entre las partes. A mitad de la jornada, se realizará una pausa de dos horas, y también está programada una visita al lugar de los hechos, ubicado a 150 kilómetros al sur de Rawson.
La acusación contra La Regina surge de hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 2021, cuando, al operar un tractor en su finca familiar, presuntamente destruyó 175 nidos de pingüinos, muchos de los cuales estaban en plena etapa de reproducción. Adicionalmente, se registraron muertes de adultos de la especie, que habrían sido electrocutados por un cerco instalado en la zona. Estas acciones le valieron la imputación de crueldad animal y daño ambiental, con base en la Ley Sarmiento y otras normas de protección de la fauna.
Ricardo La Regina, en declaraciones a un medio local, rechazó las acusaciones y alegó que el caso tiene su origen en un conflicto familiar. Según él, “se me otorga un carácter de terrateniente y empresario, como si mi único interés fuera el dinero, cuando en realidad he trabajado toda mi vida en este lugar, colaborando con los biólogos que hoy me acusan. Vamos a ver si realmente hay justicia”. También cuestionó la delimitación de las tierras, indicando que existen 500 hectáreas con presencia de pingüinos, de las cuales 300 corresponden a su terreno, y afirmó que nunca se hallaron pingüinos muertos en el lugar.
El productor adelantó que pedirá una suspensión de juicio a cambio de ofrecer una parte de su propiedad para que se convierta en una reserva natural bajo cuidado del Estado. “Si los pingüinos son tan importantes para la humanidad, sería fundamental que los cuiden. No es mi responsabilidad; yo he colaborado desde siempre con su preservación”, señaló.
Por su parte, la fiscal Florencia Gómez, quien lidera la acusación, afirmó que los hechos investigados revelan una “extrema crueldad hacia la vida animal”. En una entrevista previa, Gómez explicó: “El informe y los videos evidencian una matanza en plena época reproductiva, algo realmente desmesurado”. La fiscal destacó la relevancia de este proceso, ya que “se busca concientizar sobre la importancia de proteger nuestra flora y fauna y de denunciar estos hechos para evitar su repetición”.
El lugar en cuestión limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, un espacio de alta relevancia global designado como reserva de la biósfera por la UNESCO. Este área alberga el 40% de la población reproductora mundial del pingüino de Magallanes, y la conservación de esta especie representa un compromiso ambiental de importancia internacional.