La reciente noticia sobre el inicio de actividades conjuntas entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ha generado inquietud en la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Ambas organizaciones expresaron su preocupación ante lo que denominan un «proceso de colaboración conjunta e intercambio de información y gestión» en el río Paraná, teatro de operaciones de este acuerdo.
En un comunicado difundido el 14 de marzo, los abogados ambientalistas solicitaron detalles e información sobre el acuerdo celebrado con Estados Unidos en el río Paraná, el cual trascendió a través de la prensa. Se ha subrayado la importancia de acceder públicamente al Memorándum de Entendimiento y a cualquier otra información relevante. Específicamente, se solicitan detalles sobre los objetivos, alcances, procedimientos establecidos en el acuerdo, así como cualquier evaluación de impacto ambiental realizada o prevista.
Las solicitudes de acceso a la información pública han sido presentadas ante la Cancillería Argentina y la Administración General de Puertos. Además, se ha notificado al Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, reafirmando el compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en asuntos ambientales de relevancia nacional.
Los abogados ambientalistas recalcan que el río Paraná opera sin una Evaluación Ambiental Estratégica ni Estudios de Impactos Acumulativos. Esta situación es especialmente preocupante dada la ausencia de un Comité de Cuencas que coordine políticas y acciones a nivel federal para mitigar los impactos ambientales en el río.
En este contexto, es imperativo garantizar el pleno cumplimiento de las herramientas de la democracia ambiental en la gestión de la cuenca del río Paraná. La crisis que enfrenta el sistema de humedales del Delta del Paraná, afectado por quemas indiscriminadas y cambios en los usos del suelo, exacerbados por la sequía histórica y el cambio climático, subraya la urgencia de esta situación.
La preocupación y la acción de las organizaciones ambientalistas se formalizan institucionalmente, frente a la posibilidad de una profundización en la pérdida de soberanía sobre el río Paraná y el agravamiento del modelo extractivista vigente. Además, se alerta sobre los posibles pasos hacia la privatización de los ríos y la explotación de los recursos naturales por parte de inversores extranjeros, tal como sugieren anuncios electorales recientes.
