En un movimiento que podría marcar un giro histórico en la política ambiental de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) está elaborando una propuesta para eliminar los límites federales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en plantas de generación eléctrica alimentadas con carbón y gas natural. De aprobarse, esta medida supondría uno de los retrocesos más significativos en la regulación ambiental del país en las últimas décadas.
Según un borrador filtrado al The New York Times, el documento se encuentra en etapa de revisión interinstitucional y su publicación oficial se prevé en las próximas semanas. La propuesta ya genera un intenso debate entre autoridades, científicos, ambientalistas y actores del sector energético. Su eventual aprobación podría redefinir el papel de EE.UU. en la lucha global contra el cambio climático y poner en jaque compromisos internacionales asumidos en los últimos años.
La propuesta de la EPA
La propuesta de la EPA busca derogar los límites vigentes de emisión de dióxido de carbono (CO₂) para centrales térmicas, argumentando que estas fuentes representan una fracción cada vez menor de las emisiones totales del país. En su borrador, la agencia sostiene que mantener regulaciones estrictas sobre estas plantas compromete la generación de electricidad asequible y confiable, en un momento donde los costos energéticos son motivo de preocupación económica y política.
Un portavoz oficial de la EPA declaró que la iniciativa “busca garantizar seguridad energética, reducir costos para los consumidores y evitar una dependencia excesiva de fuentes extranjeras de energía”.
Pero detrás de esta declaración técnica se esconde un trasfondo político más amplio: el resurgimiento de una agenda conservadora que ya durante la administración Trump intentó debilitar el entramado normativo del ambientalismo federal. Incluso, varios expertos señalan que la nueva propuesta de la EPA representa un ataque indirecto a los avances alcanzados bajo la Ley de Reducción de la Inflación, impulsada por el presidente Joe Biden, la cual contemplaba metas ambiciosas para reducir emisiones en el sector energético.
Los combustibles fósiles en la mira científica
Las reacciones del ámbito científico no se hicieron esperar. Diversas organizaciones y centros de investigación han advertido que esta propuesta contradice el consenso climático internacional.
Según datos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y de las Naciones Unidas:
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Más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del uso de combustibles fósiles.
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Cerca del 90% del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera está asociado a estas fuentes.
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Las centrales a carbón son responsables del 20% de las emisiones de CO₂ a nivel global, pese a ser una fuente cada vez menos competitiva frente a las renovables.
El doctor William Hayden, climatólogo del Instituto de Políticas Ambientales de Yale, sostiene que “eliminar restricciones a estas plantas en EE.UU. no solo aumentará las emisiones locales, sino que envía un mensaje desastroso al resto del mundo. Estados Unidos perdería su liderazgo moral y técnico en la transición energética”.
El retroceso normativo: una constante conservadora
La EPA no es ajena a los vaivenes políticos. Durante los años de la administración Trump, la agencia fue duramente criticada por desmantelar políticas clave en materia de cambio climático, como el Clean Power Plan, y favorecer a sectores industriales con intereses contaminantes.
La actual propuesta se enmarca en esta lógica de flexibilización, bajo el argumento de priorizar la seguridad energética. Según fuentes oficiales, el enfoque busca que las regulaciones se adapten a las “capacidades técnicas y económicas reales” de las empresas eléctricas.
No obstante, expertos en derecho ambiental, como la profesora Marisa Klein de la Universidad de Georgetown, advierten que esta política podría tener consecuencias jurídicas. “Los límites de emisiones son parte del cumplimiento de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París. Esta decisión podría exponer a EE.UU. a sanciones diplomáticas y disputas legales internas por parte de organizaciones ambientales”, explica Klein.
Energía sucia y salud pública
El debate no se reduce al impacto climático. Varios estudios han documentado que las emisiones de las plantas térmicas, en especial las de carbón, generan efectos graves en la salud pública. Entre los contaminantes más nocivos están las partículas finas (PM2.5), óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre.
La American Lung Association estima que la contaminación del aire atribuida a la quema de carbón provoca cada año en EE.UU. al menos:
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13.000 muertes prematuras.
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20.000 ataques de asma agudos.
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1.700.000 días laborales perdidos.
Eliminar los límites de emisiones, advierten, podría agravar estos indicadores y aumentar la carga sobre los sistemas de salud pública, sobre todo en comunidades vulnerables cercanas a estas plantas.
Impacto global: ¿una nueva señal de retirada?
Estados Unidos, uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero, se encuentra bajo presión constante por parte de la comunidad internacional para liderar la acción climática. Tras su reincorporación al Acuerdo de París en 2021, la administración Biden prometió recortes significativos en emisiones para 2030.
Sin embargo, la nueva propuesta de la EPA podría socavar esa promesa. Si bien la administración aún no ha dado declaraciones directas sobre la propuesta, expertos interpretan este movimiento como un posible viraje hacia posiciones más moderadas, en un año electoral donde la inflación, la seguridad energética y la dependencia externa son temas prioritarios en la agenda pública.
“Esta medida no solo genera incertidumbre local. También envía una señal al resto del mundo de que EE.UU. está dispuesto a retroceder si las condiciones políticas cambian”, advierte la climatóloga Katharine Hayhoe, asesora del World Resources Institute.
Alternativas disponibles: ¿por qué no avanzar hacia lo limpio?
Un punto clave en este debate es que la transición hacia fuentes limpias es técnica y económicamente viable. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), las energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa) representaron más del 90% de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en el mundo en 2023.
En EE.UU., el costo de generación de energía solar ha caído más del 80% en la última década. Las baterías de almacenamiento y la modernización de redes permiten hoy una integración cada vez mayor de energías intermitentes.
Entonces, ¿por qué insistir en el carbón y el gas?
La respuesta, para muchos analistas, tiene que ver con intereses económicos y políticos profundamente enraizados. Estados como Virginia Occidental, Wyoming o Texas dependen de la industria fósil para sostener sus economías locales. Los sindicatos del sector y las grandes corporaciones energéticas ejercen presión para frenar regulaciones que puedan afectar empleos y rentabilidad.
Reacciones políticas: tensión entre partidos
Como era de esperarse, la propuesta de la EPA ha desatado una oleada de reacciones en el Congreso y en gobiernos estatales. Legisladores demócratas ya han anunciado que buscarán bloquear la medida por vía legislativa o judicial, si se aprueba en su versión actual.
El senador Ed Markey (D-Massachusetts), uno de los principales defensores del Green New Deal, declaró que “desmantelar los límites a las emisiones es una traición a los compromisos climáticos de nuestro país. No podemos permitir que se retroceda bajo presión de los lobbies fósiles”.
Por su parte, representantes republicanos han celebrado la iniciativa como una victoria para la “libertad energética”. La congresista Lauren Boebert (R-Colorado) afirmó: “Por fin una agencia federal se pone del lado del ciudadano común y no de las élites ecologistas”.
La polarización partidaria en torno a la política ambiental vuelve a profundizarse, con consecuencias directas sobre la gobernabilidad de las acciones climáticas a nivel nacional.
Lo que está en juego
Más allá de los tecnicismos regulatorios, lo que está en juego es el rumbo energético y climático de la principal potencia del mundo. Estados Unidos aún genera cerca del 60% de su electricidad con fuentes fósiles, y las plantas de carbón —aunque en declive— siguen operando en más de 20 estados.
Eliminar los límites de emisiones podría extender su vida útil durante décadas, en contraposición al objetivo global de descarbonización para 2050.
“La ciencia es clara. No hay margen para nuevas inversiones en carbón o gas si queremos limitar el calentamiento a 1.5°C”, advierte un informe reciente del IPCC.
Un retroceso que puede marcar una década
Mientras el mundo clama por una transición acelerada hacia la energía limpia, Estados Unidos parece considerar dar marcha atrás en uno de los pilares más importantes de su política climática. La propuesta de la EPA no es simplemente una modificación técnica: representa una posible ruptura del consenso internacional sobre la urgencia de actuar.
La batalla que se avecina será legal, política, científica y social. En un momento donde la crisis climática se intensifica, con récords de temperatura, sequías, incendios y fenómenos extremos en aumento, decisiones como esta marcarán el legado ambiental de una generación.
El futuro de la acción climática en EE.UU. está, una vez más, en el centro del escenario. Y su desenlace tendrá consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras.
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