La comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal de la Legislatura provincial estudió y emitió dictamen en relación a las iniciativas impulsadas por el presidente del Parlamento Misionero
De aprobarse serían declaradas Área de Reserva Natural Protegida con categoría de Reserva de Usos Múltiples las cuencas de los arroyos Itaembé ubicado en la ciudad de Posadas, y Chimiray, que atraviesa las localidades San José, Apóstoles y Azara. Ambos constituyen límites naturales entre las provincias de Misiones y Corrientes.
Las otras dos áreas corresponden a la cuenca baja del Arroyo Garupá situada en la localidad homónima, y el municipio Profundidad; y el Salto Paca y áreas linderas, localizado en Panambí.
La Ley provincial XVI 29 establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas y enumera nueve categorías en las que es posible clasificar los espacios para la preservación según sus modalidades de conservación, utilidad e intervención del Estado.
En particular la categoría de Reserva de Usos Múltiples aplica para aquellas zonas apropiadas para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, recreativas y otras no destructivas ni degenerativas de los ecosistemas.
De la reunión de Comisión participó el guardaparque y director de Áreas Protegidas Javier Patzer quien destacó el trabajo en equipo entre la Legislatura y el ministerio de Ecología “para incorporar nuevas áreas que tiene cierto manejo, uso o explotación del lugar, al sistema”.
A su turno, el director del departamento de Planificación de Ecología, Esteban Arzamendia recordó que la provincia “se encuentra en la búsqueda permanente de fortalecer el potencial en materia de conservación del ambiente natural”.
“Las condiciones están dadas porque la normativa vigente incluye unas 180 leyes ambientales que además de estar dirigidas a la conservación del ambiente natural tienen, en definitiva, el propósito de brindar calidad de vida a la sociedad”, añadió el profesional.
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Derecho de la persona gestante a un duelo respetado
Los integrantes de la comisión de Salud y Seguridad Social de la Legislatura firmaron el dictamen y aconsejaron sancionar la ley de Derecho al duelo gestacional y perinatal. La normativa propuesta reúne los aportes presentados, a través de proyectos de leyes, por el diputado mandato cumplido Gustavo González; y las legisladoras Rita Núñez y Yamila Ruiz. Participaron de la reunión de comisión la presidente de la Fundación Ysapy, Mercedes López; las licenciadas Daiana Villalba y Natalia Maldonado del Hospital Materno Neonatal; y familias en duelo.
Con esta iniciativa se busca dotar a los profesionales de la salud de un Protocolo de Buenas Prácticas para la atención de la muerte gestacional y perinatal; y posibilitar, a través de diferentes estrategias, que la persona gestante, y su familia, pueda atravesar y aceptar el fallecimiento en un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de profesionales especialistas en la materia.
De aprobarse, la persona gestante, frente al fallecimiento gestacional o perinatal, tendrá derecho a recibir información sobre las distintas intervenciones médicas a las que pueden acceder; ser tratada con respeto, de manera individual y personalizada; garantizando la intimidad durante todo el proceso, con especial consideración respecto de las pautas culturales; y a una habitación de uso exclusivo en el centro de salud, alejada de las habitaciones destinadas a personas con bebés recién nacidos.
Asimismo tendrá derecho a solicitar tener contacto con el nasciturus, en referencia al concebido y no nacido fallecido intrauterinamente cuando es viable técnicamente, o con el neonato fallecido; decidir el destino final del cuerpo sin vida siempre que no haya oposición formal, válida y legal; designar un acompañante en cualquier momento del proceso; y tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, en cuyo caso, puede solicitar la realización de la autopsia o estudio anatomopatológico del cuerpo.
También se garantizaría a la persona ser internada en un servicio que no corresponda con el propio de maternidad; recibir información sobre lactancia y métodos de inhibición de la misma, incluyendo la posible donación al Banco de Leche Materna Humana; recibir tratamientos médicos y psicológicos post internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y el debido seguimiento; y a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito es de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por autoridad competente.
