En una decisión que ha generado una intensa controversia tanto dentro como fuera de sus fronteras, Japón ha dado inicio al vertido de aguas residuales tratadas de la accidentada central nuclear de Fukushima en el océano Pacífico.
Aunque el Gobierno japonés asegura que este proceso cumple con los estándares internacionales y es seguro, la medida ha sido fuertemente cuestionada por ambientalistas, países vecinos, así como por los sectores pesquero y turístico.
La central nuclear de Fukushima sufrió un devastador accidente en 2011 debido a un terremoto seguido de un tsunami. El desastre resultó en la liberación de grandes cantidades de material radiactivo al medio ambiente. Desde entonces, las autoridades han estado tratando las aguas contaminadas utilizadas para enfriar los reactores dañados, pero aún contenían tritio y carbono-14 radiactivos.
El Gobierno japonés insiste en que el vertido se llevará a cabo de manera segura y que la concentración de residuos radiactivos en el agua estará muy por debajo de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable. Además, señalan que el agua será diluida en el océano y se dispersará a través de las corrientes marinas, minimizando su impacto.
Sin embargo, voces críticas, incluidos expertos y activistas, han planteado dudas sobre la veracidad de los datos proporcionados por el Gobierno japonés y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Temen que el vertido pueda tener consecuencias perjudiciales para la vida marina, la cadena alimentaria, la pesca, el turismo y la salud pública.
Se ha demostrado que la radiación puede causar daños genéticos, mutaciones, enfermedades y cáncer en los organismos expuestos. Además, existe el riesgo de que las aguas contaminadas alcancen otras áreas del océano o las costas de otros países, lo que podría desencadenar conflictos diplomáticos y legales.
El plan aprobado por el Gobierno japonés prevé la liberación de alrededor de 1.25 millones de toneladas de agua almacenada en más de mil tanques en el complejo nuclear hasta 2050. Si bien el tritio, uno de los elementos radiactivos presentes, se considera de bajo riesgo en cantidades pequeñas, hay preocupación por la falta de datos y análisis exhaustivos que respalden la seguridad de este vertido.
La comunidad internacional ha expresado inquietudes acerca de la medida. Greenpeace ha denunciado que el vertido podría violar los derechos humanos al agua y al medio ambiente, advirtiendo sobre posibles efectos negativos a largo plazo en los ecosistemas marinos y la biodiversidad. La Asociación Nacional de Laboratorios de Biología Marina de Estados Unidos (NAML) ha solicitado la detención del vertido debido a la insuficiencia de datos para respaldar su seguridad.
En el centro de la polémica se encuentra el primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien ha defendido la medida como «inevitable» para avanzar en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear. Kishida ha prometido que su gobierno garantizará la seguridad y la transparencia del proceso a lo largo del camino, un camino que parece estar lleno de incertidumbre y preocupación en medio de esta decisión crucial que tendrá consecuencias duraderas hasta el año 2050.
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— Valor Ambiental (@ValorAmbiental1) August 28, 2023
