El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables mantuvo este martes una reunión con representantes del sector maderero para analizar los alcances del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), recientemente reglamentado. Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron conformar una mesa técnica-jurídica que se reunirá en las próximas semanas para evaluar los planteos realizados y profundizar el análisis sobre la implementación del sistema.
Del encuentro participaron el ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director general de Bosques Nativos, Milton Morán; la directora general de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti; y el coordinador del Programa de Créditos de Carbono, Augusto Abdulhadi. En representación de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAyADAP) asistieron el diputado provincial Miguel Núñez (PRO) y el abogado Fernando Acosta.
Durante la reunión, los representantes del sector maderero manifestaron inquietudes sobre la Resolución Nº 182/26, especialmente en relación con el alcance de la norma, las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, las facultades para su dictado y la interpretación de distintos aspectos de la reglamentación. Ante esos planteos, las autoridades del Ministerio brindaron detalles sobre el funcionamiento del registro y coincidieron en abrir una instancia de trabajo técnico para revisar cada uno de los puntos expuestos.
Desde la cartera ambiental explicaron que el RePIA no incorpora nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente. En cambio, señalaron que se trata de una herramienta administrativa destinada a centralizar en una plataforma digital la información correspondiente a sanciones ambientales firmes, con el propósito de agilizar los trámites, fortalecer la transparencia y otorgar mayor previsibilidad a quienes realizan gestiones ante el organismo.
Asimismo, aclararon que el registro no incluye denuncias, actuaciones preliminares ni expedientes en trámite. La incorporación de personas físicas o jurídicas se produce únicamente cuando existe una sanción administrativa firme, una vez concluido el procedimiento correspondiente y garantizado el derecho de defensa.
El Ministerio también precisó que el sistema alcanza a todas las personas físicas y jurídicas sancionadas por infracciones ambientales, independientemente de la actividad que desarrollen. En ese sentido, indicó que los efectos administrativos del registro se limitan exclusivamente a las autorizaciones, programas, beneficios y trámites gestionados por la cartera de Ecología.
Por otra parte, se informó que el RePIA contempla mecanismos de regularización. Una vez cumplidas las sanciones impuestas y las medidas de remediación correspondientes, cesan los efectos administrativos derivados de la inscripción, mientras que el antecedente permanece registrado únicamente para el seguimiento de eventuales reincidencias previstas por la normativa.
La mesa técnica-jurídica acordada durante la reunión dará continuidad al diálogo entre el Ministerio de Ecología y el sector maderero. El espacio buscará analizar los planteos presentados y acompañar la implementación del RePIA, una herramienta que, según la cartera ambiental, apunta a optimizar la gestión administrativa, fortalecer la transparencia y brindar mayor previsibilidad en los procedimientos ambientales.
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